Alfredo Vignolo

Acerca de Alfredo Vignolo:

Periodista; Presidente de la Fundación Ética Periodística y Presidente de la Comisión Patriótica para la Defensa del Mar de Grau.

UCHURACCAY MUERTE IMPUNE

  • Fecha jueves 25 de enero del 2018
  • Fecha 8:23 pm

Alfredo Vignolo G. del V.

En el Informe No. 62/10, del 24 de marzo del año 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró admisible la Petición No. 142-03, presentada por los familiares de los periodistas  Jorge Sedano Falcón, Jorge Luís Mendivil Trelles, Willy Retto Torres, Pedro Sánchez Gavidia, Eduardo de la Piniela Palao, Amador García Yanque, Félix Gavilán Huamán y Octavio Infante García, asesinados el 26 de enero de 1983, junto al guía Juan Argumedo García, en la comunidad de Uchuraccay, provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho.

Los familiares de los periodistas alegaron violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tras responsabilizar al Gobierno de las muertes.

Asimismo, acusaron a las autoridades de no investigar la participación de las Fuerzas Armadas en la masacre, así como, de otras irregularidades durante los juicios penales abiertos.

Refiere, que el Estado peruano en su defensa, argumentó que los sucesos del 26 de enero de 1983 “simbolizan los aciagos años de violencia vividos en el país a causa de la guerra interna”. Precisando que el asesinato de los ocho periodistas, del guía y comunero que los acompañaba fue perpetrado exclusivamente por habitantes de Uchuraccay y que la presunta responsabilidad de infantes de Marina en los hechos no fueron probados judicialmente. Expresó también, que en el Informe Final de La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se concluyó que en la matanza “no se constató la presencia de infantes de marina ni miembros de la entonces Guardia Civil (sinchis) como perpetradores directos de los hechos”.

La CIDH manifiesto en su informe que en 1983 se inició un proceso penal en la provincia de Huamanga, Ayacucho. Juicio que fue trasladado a Lima a solicitud de los familiares. El 9 de marzo de 1987 un tribunal especial condenó a Dionisio Morales Pérez, Mariano Ccasani y Simeón Auccatoma Quispe a pena privativa de libertad de diez, ocho y seis años respectivamente por el delito de homicidio simple. Los familiares presentaron recurso de nulidad.

El 15 de junio de 1988, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo definitivo en relación a los tres condenados, subsistiendo reserva respecto a 14 reos declarados ausentes en el proceso. Los actuados fueron remitidos al juez de turno de Huanta, ordenando se abra instrucción penal contra miembros del Ejército, Marina, Policía de Investigaciones y Guardia Civil del Perú, como autores de los delitos contra la administración de justicia y contra los deberes de función y profesionales. A la fecha, no existe informe sobre resultado alguno de instrucción eventualmente abierta.

 

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