Linchamiento

La carta de Odebrecht a La República publicada ayer obliga a postergar la votación de la vacancia este jueves. Dice que los “servicios de asesoría y estructuración financiera brindados por First Capital y Westfield Capital corresponden a servicios efectivamente prestados…”. Es decir, que no fueron pagos sin que existiera un servicio. Esto obliga al Congreso, si actúa de buena fe, a mirar en detalle hechos que no puede dejar de conocer antes de votar.

Porque, veamos, ¿qué es incapacidad moral permanente? Lo que la mayoría parlamentaria dice que es. ¿Quién puede ser incapaz moral? Un mandatario sin mayoría parlamentaria. A esto hemos llegado. Es una barbarie lo que el Congreso está haciendo. Debido proceso sería que el presidente vaya a la Fiscalía primero y que el Congreso considere lo que esta tenga que decir, y se abstenga de decidir hasta entonces. Debido proceso no es darle sumariamente al presidente una hora para defenderse en el Congreso con un abogado.

Lo que el Congreso hace es un linchamiento. Una forma de justicia por mano propia. Tal como atar a alguien a un poste y quemarlo en lugar de entregarlo a la justicia.

Vacar es un verbo intransitivo. No se vaca a alguien. Vaca la Presidencia, no la persona que la ocupa, y así lo entiende la Constitución. El Congreso constata la vacancia, no la declara. Cuando declara la incapacidad moral del presidente reconoce un hecho que debe ser evidente por sí mismo, como su muerte o su incapacidad física. No puede debatir si el presidente es un incapaz moral, como no debatiría si está muerto. Cuando el Congreso debate esto está produciendo un hecho, no reconociendo un hecho. La supuesta incapacidad moral es una calificación subjetiva de una conducta no tipificada en ninguna parte y que no puede ser objeto de sanción. Cuando el Congreso vota esto, en suma, está realizando un acto político. Lo que el Congreso está haciendo es destituir al Presidente.

 Pero la Constitución establece que solo puede ser destituido por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver inconstitucionalmente el Congreso o impedir su funcionamiento o el del sistema electoral. Destituir al mandatario sin una de esas causales debería originar una acusación constitucional contra quienes cometen el  acto usurpando una competencia que la Constitución no le dio al Congreso.

Una lección es que hay que terminar con esta barbarie eliminando de la Constitución la noción de “incapacidad moral permanente” como causal de la vacancia de la Presidencia. Porque el Congreso al declararla comete inevitablemente una arbitrariedad.

“Había muchas preguntas y la República buscó respuetas”, dice la nota de la República. Honra al periodismo esa actitud. Porque el Congreso no tiene preguntas qué hacer. Ya tiene todas las respuestas. De allí el bárbaro espectáculo de justicia por mano propia que ha ofrecido ayer a los peruanos, en el que la responsabilidad más grave recae en la bancada mayoritaria de oposición.

¿Va a asumir ahora Fuerza Popular también la responsabilidad política de un linchamiento?

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