INTERVIENEN OFICINAS VINCULADAS A COFRADÍA Y DETIENEN A PRINCIPAL OPERADOR

Ministerio Público asesta duro golpe a “Club de Constructores”

Ha sido detenido, entre otros, Carlos García Alcázar, funcionario del Gobierno de Ollanta Humala.

La intervención del viernes a 43 inmuebles vinculados al denominado “Club de Constructores” y la detención de Carlos García Alcázar, acusado de ser el principal operador de esta cofradía, dedicado presuntamente al pago de coimas para ganar licitaciones públicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el Gobierno de Ollanta Humala, fue autorizada el 10 de enero último por la titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, María de los Ángeles Álvarez Camacho.

Así, en una intensa jornada registrada ayer, el Equipo Especial del Ministerio Público intervino –con descerraje, registro e incautación de documentación– las oficinas de las empresas Graña y Montero, ICCGSA, OAS, Andrade y Gutierrez y Obrainsa, entre otras.

La juez Álvarez Camacho dictó la orden de prisión preventiva para Rodolfo Prialé de la Peña, Elard Alejandro Tejeda Moscoso (Obrainsa), Félix Málaga Torres (Constructora Málaga Hermanos), Guillermo Reynoso Medina y Luis Prevoo Neyra (estos dos últimos serían socios de Prialé), informaron a EXPRESO fuentes del Ministerio Público.

La referida magistrada fundamenta la autorización para el allanamiento en las declaraciones del colaborador eficaz 06-2017, quien indica que los lugares de reunión del llamado “Club de Constructores” eran el lobby del bar del hotel Swissotel, el restaurante Balthazar de la avenida Canaval y Moreyra y las oficinas de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

El colaborador eficaz también declaró que en una oportunidad los integrantes de la referida cofradía acordaron formar grupos integrados por cuatro o seis empresas constructoras y que cada uno de ellos nombraría un coordinador. Mediante los coordinadores se fijaría la fecha de las reuniones en donde se repartirían los procesos de licitación convocados por Provías Nacional.

El colaborador indica, además, que “en el período que laboraba en Odebrecht” participaron como “coordinadores” Ricardo de la Flor, representante de Andrade Gutierrez y Odebrecht y apoderado de Andrade Gutierrez en el Perú; José Heighs, coordinador de la empresa Johesa; Norma Zipelli, coordinadora de la empresa Mota Engil; y Rafael Granados, de la empresa ICGSA.

Anoche, el equipo del Ministerio Público, encabezado por Marcial Eloy Páucar Chappa, titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, permanecía en la vivienda de Carlos García Alcázar, quien ha sido sindicado por un colaborador eficaz y un candidato a colaborador, de ser el supuesto nexo entre el MTC, Provías Nacional y las empresas constructoras involucradas en esta investigación.

A García Alcázar –exasesor del MTC hasta el 2014– se le investiga por el presunto delito de tráfico de influencias y otros en agravio del Estado. La documentación y el disco duro de las computadoras halladas tanto en su despacho como en su vivienda, contendrían información relevante para el desarrollo de las pesquisas.

Tanto sus declaraciones como las formuladas por el colaborador eficaz que lo acusan, les habrían permitido a los fiscales empezar a desenredar el ovillo de esta megacorrupción que involucraría a funcionarios del Gobierno de Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo.

Anoche, también, el Juzgado de Investigación Preparatoria realizó el control de identidad al exasesor del MTC, Carlos García Alcázar, en la investigación al “Club de la Construcción”.

La historia

¿Club o cártel de constructores? En marzo de 2016, el entonces candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski (PPK) generaba el asombro nacional al denunciar la existencia de una cofradía que concertaba con el gobierno de Ollanta Humala las grandes obras que se realizaban en el país.

“Aquí lo que hay en el Perú, se dice, es un club de constructores que se distribuyen las grandes obras del Estado, las carreteras te toca a ti y después me toca a mí. Eso es lo que hay que investigar, este es el verdadero Lava Jato en el Perú”, afirmaba en ese momento un enérgico PPK.

Un año después, el diario Folha de Sao Paulo publicaba las revelaciones efectuadas por el colaborador eficaz Edwin Luyo, exfuncionario del MTC, respecto a la existencia de un supuesto cártel conformado por 30 empresas brasileras y peruanas que se organizaron con el objetivo de repartirse y adjudicarse las obras de infraestructura en el Perú.

Dicha red estaba conformada –de acuerdo a Luyo– por Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, Camargo y Correa y Queiroz Galvao, además de una serie de firmas peruanas, entre las que se encuentran incluidas las empresas que ya han sido intervenidas por el Ministerio Público.

Según Folha, Luyo –quien fue integrante del Comité de Adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima durante el último gobierno de Alan García– declaró que los coordinadores de la cofradía se reunían cada vez que se anunciaba una licitación pública para decidir a quién le correspondía ganar la buena pro de la obra.

En sus declaraciones –que se habrían dado en el contexto del acuerdo de colaboración suscrito entre las fiscalías de Brasil y Perú–, el colaborador eficaz habría mencionado a Rodolfo Prialé como el principal representante de las empresas y a Carlos García Alcázar como el intermediador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Sin embargo, no es la primera vez que sale a la palestra el nombre de Carlos García Alcázar. Ya en 2015 este había sido mencionado por el colaborador eficaz identificado con el número 001-2015, quien lo acusaba de ser el operador del exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, quien ocupó ese cargo entre julio de 2011 y junio de 2014.

Dichas declaraciones se dieron en el contexto de la investigación que seguía el Ministerio Público a Nadine Heredia, por el caso de los presuntos aportes realizados por Odebrecht a la campaña presidencial de Ollanta Humala.

En ese momento el colaborador 001-2015 dijo a los fiscales que García Alcázar se habría encargado de negociar muchas obras que el referido ministerio licitó. También advirtió que el patrimonio de este habría experimentado un incremento exponencial, a tal punto de comprar un caballo de pura sangre y varias propiedades.

Exigen pruebas

Frente a las versiones formuladas al Ministerio Público por un colaborador eficaz respecto a que parte de las reuniones de coordinación que realizaban los integrantes del llamado “Club de Constructores” para concretar el reparto de las obras públicas, se habrían realizado en las instalaciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), un representante de dicho gremio negó que esto haya ocurrido.

El representante, quien declaró a EXPRESO a condición de anonimato, dijo que en la sede de la cámara solo se reúnen los tres comités que la conforman (Infraestructura, Proveedores y Edificaciones), así como el Consejo Directivo.

Dichos cónclaves, aseguró, se daban para discutir temas inherentes al sector de la construcción, así como sus problemáticas. “Tendrá que probar sus afirmaciones, mostrar algún documento o acta que prueben dichos encuentros”, dijo esta fuente respecto a las declaraciones del colaborador eficaz Nº 06-2017, quien afirmó que uno de los lugares donde se reunía este club eran las oficinas de dicha cámara.

NANCY MILLER

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