EN LIMA Y CALLAO

Guerras por el uso de aguas subterráneas

Entre el sector público y el privado existe una escaramuza.



El Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ha ratificado la tarifa del monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas que desde diciembre último cobra Sedapal a los usuarios no agrarios (embotelladoras, textiles, centros comerciales, industria láctea, entre otros).

La tarifa es para que los usuarios no agrarios paguen los costos que venían siendo cubiertos por todos los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado conectados a la red de Lima y Callao.

La ratificación se dio a raíz de la interposición de recursos de reconsideración por parte de gremios empresariales y empresas industriales y de servicios con la finalidad de que se deje sin efecto la tarifa antes mencionada.

Hay usuarios industriales y comerciales que se resisten a pagar la tarifa valiéndose de resoluciones del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional que hace varios años las exoneraron del pago promoviendo la explotación irresponsable de los acuíferos.

Es importante señalar al respecto la situación dramática que sufre la población de Ciudad del Cabo –similar a la atravesada recientemente por California, Sao Paulo y Ciudad de México-.

Con los recursos de la tarifa, Sedapal financiará un programa de inversiones por  214 millones de soles que incluye medir la calidad y cantidad de las reservas de aguas subterráneas de Lima y el Callao; recargar los acuíferos de Chillón–Rímac–Lurín; seguir sustituyendo el uso de agua subterránea por agua superficial a través de obras ya realizadas de almacenamiento, tratamiento, conducción; identificar nuevas fuentes de aguas superficiales; medir y registrar los volúmenes de extracción de los diversos usuarios; continuar con las acciones de identificación de usuarios clandestinos y promover su formalización.







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