Justicia militar lo encontró responsable de vender secretos a Chile.

Por esa razón, el entonces  embajador  chileno en Lima,  Francisco Bulnes Sanfuentes, fue expulsado tras ser declarado persona no grata, siguiendo el camino de otros cuatro diplomáticos (militares) de esa legación que ya habían sido sacados del país en el mes anterior, sin darse mayores alcances del motivo. Según se comentaba en algunas redacciones, en esa época los servicios de inteligencia chilenos estaban muy activos por conocer nuestros avances  bélicos, a raíz de la adquisición de armamento y equipos que hasta hoy están en uso en diversas unidades militares. Trascendió que Vargas Garayar, un  suboficial de 29 años, casado y con un hijo, reconoció que por razones de estrechez económica, aceptó un poco de dinero pero negó siempre que hubiera entregado secretos militares básicos a los chilenos.

Panorama en  1978-9
Cuando se efectuó ese fusilamiento faltaba apenas un año y medio para que el régimen militar que tomó el poder  en octubre de 1968, entregara la posta al arquitecto Fernando Belaunde Terry, ganador de las elecciones de 1980, al que habían sacado del mando, y  cerraba una serie de ejecuciones que tuvieron lugar durante ese gobierno en Lima, Cajamarca,  Tacna y Arequipa, todos  por el delito de homicidio calificado. En el caso de las penas de muerte en Lima y provincias nunca se esclareció totalmente si todos ellos merecían ese castigo, porque hubo voces que decían que se trataba de decisiones psicosociales para infundir temor a la población.

Investigación y juicio
Lo ocurrido con  Vargas Garayar fue diferente. Nuestros servicios  de contrainteligencia  lo detectaron cuando acudió a la sede de la embajada chilena, en la avenida Javier Prado, supuestamente para ver visados, pero tras la vigilancia a que fue sometido se probó que había ofrecido secretos de la Base Aérea de La Joya, en Arequipa, donde había estado de servicio en una época. 
Juzgado sumariamente en todas las instancias militares, el Consejo Supremo de Justicia Militar aprobó la sentencia y ésta se llevó a cabo secretamente al refrendarla el entonces presidente del régimen  militar, general Francisco Morales Bermúdez.
Sería la última vez que un condenado a muerte, civil o militar, fuera pasado por las armas en el Perú en el siglo  XX y fue el primero de un militar por razones no políticas en más de  60 años.

Fusilamiento
El fusilamiento fue en el Cuartel de Pueblo Libre al despuntar el alba, en concordancia a lo que establecía la Constitución de 1933, que contemplaba la pena de muerte para diversos delitos.
Hoy, de acuerdo a los artículos 140 y 173 de la Constitución de 1993, está proscripta y únicamente puede aplicarse por traición a la patria en caso de guerra y de terrorismo que la ley determine. Los restos de Vargas Garayar descansan en un discreto nicho de un cuartel del cementerio El Ángel, vecino a la zona de Santoyo y, según los panteoneros, en los 30 años transcurridos desde que fueron inhumados, nadie visita la tumba, que inicialmente sólo estaba identificada  con  las tradicionales  N.N. del  desconocido. Hoy, en un  ángulo y lo más alto del cuartel, en la  placa que sella el nicho de su tumba, figuran sus nombres y apellidos completos “Julio  Alfonso Vargas Garayar, Q.E.P.D, 20 enero 1979”.  

Coincidencia
Por la forma casi secreta como se realizaba el juicio del suboficial, ni los medios de prensa estaban al tanto del caso y sólo se conoció por un corresponsal peruano de la agencia de noticias UPI, que ese día, 20 de enero, acudió tempranísimo al cementerio porque se recordaba el primer aniversario de la muerte de una hija suya.
Como el panteonero sabía su profesión, le contó lo que había ocurrido un poco más de una hora antes y le mostró el sitio del entierro. Es así  como UPI dio la noticia, con radiofoto de la tumba, a todos sus clientes del mundo, incluidos los diarios de Lima y provincias. Poco después se emitió un comunicado oficial que daba cuenta de lo ocurrido. 

Guzmán
Cuando  aún  el caso Vargas Garayar se encontraba en pleno juicio en el  ámbito castrense, el 7 de ese mes, es decir a 13 días del fusilamiento, fue dejado en libertad Abimael Guzmán, quien había sido hecho preso días antes al aprovechar que el país se encontraba  con las garantías suspendidas. Se dice que determinados mandos militares y policiales apurados  lo dejaron ir. Desgraciadamente, el 17 de mayo de 1980, Guzmán y su Sendero Luminoso iniciaron la lucha genocida contra la sociedad peruana, destruyendo 17 actas para las elecciones generales que ganó Belaunde, en el caserío de Chuschis,  provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho.
HUBERT CAM