Trata de personas en el Perú

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Con alarma debemos observar como sólo en los primeros meses de este año, el Ministerio Público ha registrado 118 denuncias por trata de personas en el Perú, actividad ilícita que mueve más de 8 mil millones de dólares en el mundo con cerca de un millón de víctimas, según datos del Ministerio Público, el mismo que informa que en todo el año 2010 fueron 315 las denuncias por este delito, en el que los menores de edad y adultos han sido usados como mercancía. El  mayor número de las mafias organizadas operan en Madre de Dios, Lima y Cusco, entre otras ciudades. Las principales víctimas en el Perú son mujeres, niños y adolescentes. Actualmente, la Policía viene investigando  a 20 organizaciones que se dedican a la trata de menores, en el marco de un trabajo conjunto que lleva adelante un grupo de trabajo multisectorial que existe desde el 2004 bajo la dirección del Ministerio del Interior.

La sociedad tiene una importante labor que realizar en el componente de vigilancia ciudadana, clave para denunciar y sancionar las organizaciones delictivas. Por ello es fundamental que si se conoce a alguien que reúna algunas de las siguientes condiciones, podría ser víctima de trata de personas: Trabaja largas horas y no tiene libertad para salir del trabajo, fue engañada acerca del tipo de trabajo o la  actividad que iba a realizar y/o en las condiciones en las cuales iba a laborar; no posee documento de identidad o fueron retenidos por sus empleadores, no puede comunicarse libremente con sus familiares o amigos, no dispone del dinero que gana, tiene signos de haber sufrido maltrato físico y/o psicológico por parte del empleador o captor. En todos los casos correspondería la denuncia respectiva.

Consideremos que el delito de la trata de personas es muy complejo, a decir de los organismos especializados, dado que puede confundirse con otros delitos afines como el proxenetismo o la coacción laboral. La diferencia es que, en el caso de trata de personas, hay una ruta del delito, que comienza con la captación, el traslado, alojamiento y retención de la víctima.

La inclusión social y el desarrollo de la reforma educativa, así como el reforzamiento de la seguridad en un contexto de participación comunitaria, sobre todo en las regiones, es una manera efectiva de luchar contra los delitos que, como la trata de personas, tienen que ver con los derechos humanos de los más indefensos y débiles. Estamos en verdad ante la trata de seres vulnerables  y por ello es un delito socialmente agravado.

Exhortamos al grupo de trabajo multisectorial que preside el Ministerio del Interior a redoblar su empeño para identificar y sancionar este execrable delito. Con el apoyo policial y judicial, además de los sectores Salud y Educación, este grupo podrá ir mejorando su amplitud y eficiencia. Pero lo más importante es actuar sobre las víctimas de la trata de personas, logrando incorporarlas a la vida social luego de arrancarlas de las garras de los miserables traficantes que las explotan.