Rebelión de Concepción Carhuancho

  • Fecha sábado 30 de diciembre del 2017 | 3:05 am
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Para la administración de justicia el año que termina no ha sido uno tan tranquilo. Ahí están las discordancias dentro del Poder Judicial y en el propio Ministerio Público, peor cuando algunos jueces y fiscales se dejan llevar de la nariz por intereses privados que usan algunos despachos para alcanzar sus objetivos que perdieron en el ámbito civil.

La desinteligencia entre el presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, y el juez Richard Concepción Carhuancho, que ha dado lugar incluso a que los magistrados de la Sala Penal Nacional firmen una misiva denunciando una supuesta “discriminación”, debe ponerse en su justa dimensión. De lo que se trata es de aplicar un Estatuto que regula su organización y funciones, precisándose las competencias sobre delitos de terrorismo, contra la humanidad y criminalidad organizada (en relación con las atribuciones del sistema especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios creado por decreto legislativo).

El doctor Duberlí Rodríguez ha sido claro al señalar que el PJ “no se guía por momentos políticos ni por la opinión de la gente sino por la ley”. En efecto, se intenta darle al caso Odebrecht, entre otros, un contexto de mayor legitimidad y formalidad otorgando a la referida Sala el nivel de Corte Superior de Justicia. Al respecto, no faltan quienes desean sorprender a la opinión pública ya que actualmente dicho caso no está en la etapa de acusación fiscal ni en juicio oral.

No olvidemos que los jueces que forman parte de la Sala de marras fueron incorporados “por invitación” del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. De modo que muchos de ellos son titulares en sus plazas de origen pero no en sus funciones actuales, por lo que deberían participar en un eventual concurso público, como lo indica la ley.

Incluso los jueces del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la doctora Susana Castañeda, serán evaluados por el CNM para mantenerse en sus puestos, hecho que descoloca cualquier rabieta o revuelta de algún togado. Allá cada quien con su conciencia si ha hecho uso y abuso de la prisión preventiva y si algún karma de alguna forma le devuelve la moneda.  Pero hoy, según el Nuevo Código Procesal Penal, los jueces de investigación preparatoria no son dueños de los casos, pues estos son conducidos por los fiscales hasta la etapa de juzgamiento.

Aquí, a propósito de la Fiscalía, lo mejor es la serenidad y no creerse “el salvador” sobre todo cuando algún juez avaló en ciertos casos transgresiones del Ministerio Público al principio de legalidad; y cuando los vocales de la Corte Superior tuvieron que enmendarle la plana a dicho juez.

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