DINERO NO FUE BANCARIZADO Y HOY FINANCIA CAOS SOCIAL.

Narcotraficantes pagaron millones a Abimael Guzmán

Simbiosis narco-terrorista se produjo a fines de los años 80 en el Alto Huallaga.

  • Fecha Domingo 25 de Febrero del 2018
  • Fecha 12:00 am



El 13 de mayo de 1987, terroristas de Sendero Luminoso (SL), portando fusiles de guerra FAL, ocuparon Tocache, provincia de San Martín. Más que una acción bélica, fue un acto simbólico que determinó la dominación de la zona. Poco después, Walter Gómez Reátegui, integrante de una de las “firmas” del  narcotráfico que operaba en el Alto Huallaga, declaró que “los miembros de seguridad de los jefes siempre cargaban metralletas y armas de reserva para los compañeros de SL”.

Precisó que había un convenio entre el narcotráfico y los subversivos. Una de las cláusulas era el pago de grandes cantidades de dinero a Abimael Guzmán, líder del grupo senderista. Años después, en 1999, cuando la fiscal Margarita Rivero Rivera interrogó a Oscar Ramírez Durand, (a) “Feliciano”, durante un juicio, sobre la relación narco-terrorista, este respondió “que fue testigo presencial cuando el camarada ‘Artemio’ entregó un millón de dólares en efectivo en las propias manos de Guzmán Reynoso”. Agregó que el cabecilla terrorista era conocido como “Pepe”, lo que no pudo ser desmentido durante un careo ante la Sala Penal Nacional.

De otro lado, el senderista identificado con el código A1J0055463 reveló que fue miembro del “destacamento logístico del Comité Regional del Alto Huallaga” a fines de los años ochenta y tuvo una reunión en Uchiza (San Martín) con los narcotraficantes Demetrio Chávez Peñaherrera, (a) “Vaticano”; Luis Pineda Manjura, (a) “Trompa de buque”, y Eleuterio Flores Hala, (a) “Artemio”.

En aquella cita se acordó que SL los protegería para evitar que fueran asaltados por delincuentes comunes durante el acopio de drogas y traslado de insumos. Asimismo, Sendero actuaría como fuerza de contención para repeler a la policía especializada en antinarcóticos.

Otro terrorista identificado con el código A100092 confirmó el acuerdo de Uchiza y comentó que fue testigo de cómo hubo un aporte de miles de dólares. Además, de haber sido el encargado del mantenimiento de las pistas de aterrizaje clandestinas, ubicadas en las localidades de Tocache, Aguatía y Ramal de Aspuzana.

Por su parte, José Páez Warton, estratega del desaparecido Comando del Frente Interno (COFI) del sector de defensa, resaltó que el dinero, al no haber sido bancarizado, permaneció oculto [posiblemente enterrado] durante años y hoy es utilizado para solventar el caos que algunos grupos causan en el país, bajo los auspicio del Movadef y otras organizaciones de extrema izquierda.

Consultores del Grupo de Trabajo de Incidentes Terroristas (Terrorist Working Incident Group) afirmaron que Guzmán captó más de 33 millones de dólares por apoyar al narcotráfico internacional.

A continuación los detalles de los pactos siniestros entre los “capos” de la droga y la banda maoísta.

Pactos criminales

Información recogida y analizada por la DEA (Drug Enforcement Agency) y la Dirandro (Dirección Antidrogas) de la Policía Nacional indica que la simbiosis narco-terrorista se dio en 1986 y quedó sacramentada tres años después en un conclave realizado en el villorrio de Bombonaje, convocado por “Mancini” [mando militar senderista] y al que asistió “Vaticano”, acompañado de otros cinco narcotraficantes.

En la mencionada asamblea, Sendero recaudó 90 mil dólares norteamericanos (15 mil por “firma”) y se acordó el pago de tres dólares por un kilo de pasta básica de cocaína (PBC) que saliera con rumbo a Colombia, desde la región del Huallaga.

Los encargados de cobrar “los cupos” fueron Luis Pérez, (a) “Lucho culón”; Héctor Aponte Sinaruagua, (a) “Clay”; y “Artemio”. Durante esa primera cita también se determinó que las “cuotas” aumentarían cada seis meses y que los mafiosos estarían obligados a apoyar a la facción del “presidente Gonzalo” con armas, víveres, vehículos, medicinas y hasta vestimenta. Convenio que, por confesión del propio “Vaticano”, fue considerado abusivo, lo que hizo que dicho traficante termine trasladándose a la región de la Campanilla.

Años después, el 9 de abril de 1990, SL y las “firmas” narcoterroristas completaron un pacto acorde con el mercado internacional de las drogas y con intereses políticos comunes. Abimael Guzmán sintetizó el contrato con el lema: “contra el imperialismo, las elecciones, la erradicación y por la libertad de cultivos”.

En cuanto al acuerdo, estrictamente comercial, determinaron los costos de elaboración y distribución de drogas. Igualmente, se implantaron sanciones que incluían multas, pagos de intereses e incluso la muerte de los infractores o deudores. Todas las discrepancias que se dieron en ese momento están plasmadas en un libro de actas.

También puntualizaron que la tarifa sería de 600 dólares por kilo de PBC cuando se pagaba al contado y US$ 650 si se abonaba el “cupo” después de un día. El precio de la arroba de la hoja de coca quedó fijado entre diez y quince dólares por “cupos” que variaban de acuerdo a los lugares de producción. En Aguaitía, Saposoa y Monzón, los narcotraficantes pagaban US$ 735 por kg de pasta básica y US$ 19 por hoja. Mientras que en Tocache, Pizana y Sion, era US$ 750 por PBC, US$ 250 por pasta no refinada y US$ 20 por kilo de hoja.

Impuesto por un “nuevo Estado

En abril de 1992, Jairo Ramírez [primer senderista arrepentido] reveló al analista del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que Abimael Guzmán impuso a las “firmas” del narcotráfico el pago de un impuesto por un “nuevo Estado”, que fluctuaba entre 15 y 25 mil dólares, de los cuales el 5 % era utilizado en el mantenimiento de las pistas clandestinas de aterrizaje y para la banda maoísta.

Confesó también que el Comité Regional del Huallaga operaba en las zonas de Uchiza y Tocache,  que habían sido designadas con el código T-3. Mientras que a la margen izquierda del Alto Huallaga se le conocía como T-1 y a la margen derecha del valle como T-2. El sector que abarcaba el Huallaga Medio y Bajo se le dominaba T-4.

Añadió que el “presidente Gonzalo” recibía también licores finos enviados por los capos del cartel de Medellín.

César Reátegui










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