CASO 'CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN'

Al voto apelación al auto de allanamiento

Defensa de los empresarios sostiene que intervención fue desproporcionada e injustificada.

La Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dejó al voto la apelación al auto de allanamiento presentada por la defensa de los empresarios investigados en el caso del ‘Club de la Construcción’.

Los abogados de los involucrados coinciden en que la resolución de intervención a los 42 inmuebles incurrió en una indebida motivación, ya que no cuenta con los suficientes elementos de convicción.

Y es que, de acuerdo a la defensa de los empresarios, la corroboración de la Fiscalía ante las declaraciones del colaborador eficaz solo fue el preguntar en los restaurantes y otros lugares, donde estos supuestamente se reunían, si había recibos de consumo de las empresas sindicadas. “El café Balthazar está cerca de ProInversión, cualquiera que va a esta entidad se toma un café allí”, indicaron.

La defensa también cuestionó que exista algún elemento que justifique el auto de allanamiento, ya que el Ministerio Público solo basa su argumento en que “era previsible que no se iba a dejar ingresar a los fiscales a los inmuebles”.

Por su parte, el fiscal a cargo del caso incidió en la necesidad de implementar esta medida ante la gravedad del hecho que necesitaba esclarecerse. “El abogado dice que no existen elementos de convicción y no es así (…). Acá se está investigando una organización criminal”, sentenció.

Para el fiscal existe una clara correlación entre las reuniones que supuestamente sostenían los representantes de estas empresas en restaurantes, hoteles y organizaciones como Capeco, y las licitaciones que ganaban con Provías y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La Sala Nacional de Apelaciones decidirá en los próximos días si declara improcedente o no la medida.

LOS INVOLUCRADOS

Las personas que apelaron el auto de allanamiento son Jaime Sánchez Bernal, Ruperto Flores Mancera y Nicolay Castillo Gutzalenko. Mientras que Construcción y Administración S.A., Constructora OAS S.A. Sucursal Perú y San Martín Contratistas Generales S.A., recurrieron a la medida mediante sus representantes legales.

Todos ellos están investigados en el caso del ‘Club de la Construcción’, por presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal en agravio del Estado.









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