SE ATRIBUYEN FACULTAD DISCRECIONAL

Magistrados del TC ‘interfieren’ en el Congreso de la República

  • Fecha miércoles 13 de septiembre del 2017 | 5:05 am
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En otro caso, contra toda legislación y principio jurídico reabren proceso por muertes en El Frontón

Esta semana se dio una conjunción de  incidentes judiciales. Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) de por sí tergiversaron el Artículo 201º  de la Constitución e interpretaron que son el primer poder del Estado, arrogándose facultades que sólo competen a los estamentos enumerados en el Titulo IV de la Estructura del Estado.

El TC se atribuyó la facultad discrecional – no constitucional – de inferir en el Reglamento del Parlamento Nacional, con jerarquía de ley, para enmendarlo liberando a los congresistas tránsfugas de sus compromisos de fidelidad al partido que los propuso y al pueblo que los eligió.

Los constitucionalistas no se ponen de acuerdo mientras el TC ya pronunció su edicto: En el Perú todo está sometido al mandato del TC, ciudadanos, instituciones, empresas y el mismísimo aparato del Estado. Serían los siete Jinetes del Apocalipsis Judicial.

Si esto deviene de la democracia griega o del Derecho Romano debe tenernos sin cuidado. Fluye de nuestra Carta Magna que  los magistrados del TC son empoderados por el Congreso Nacional a plazo determinado, el cual como “poderdante” ostenta la facultad constitucional de designarlos y  destituirlos.

Mal pueden los magistrados del TC en su condición de “poderdados” atribuirse facultades fácticas de las monarquías o de las autocracias. Así no es.

Aquí hay tres poderes constitucionales: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, en ese orden de ideas para que funcione el Estado. Existen otros órganos jurisdiccionales que también gozan de “autonomía e independencia” delegada bajo el principio de la subsidiaridad. Mismo Copérnico, el TC interpreta equivocadamente que ellos son el centro de la Nación, no tienen limitación ni sanción alguna, como los Pontífices, hablan ex – cátedra y son infalibles; para ellos no existiría el prevaricato ni sanción alguna. En necedad summa serían incontrolables.

El TC, como “poderdado”, no puede abrogar la Constitución, códigos, leyes y reglamentos en el ejercicio de aquello que se ha venido en llamar el “Nuevo derecho”.

EL FRONTÓN

En el año 1987 el Consejo de Ministros acordó debelar el motín de los penales, entre ellos El Frontón. El Comando Conjunto de las FF. AA. acató la orden del presidente constitucional de la República y dispuso que los elementos de maniobra, Ejército y Marina, efectuaran las operaciones, estando presentes el ministro del Interior y el Fiscal de la Nación.

Los reclusos estaban atrincherados, apertrechados, armados, ofrecieron resistencia y lamentablemente hubo víctimas de ambos lados. El caso fue sentenciado por el TC el 14 de junio de 2013 garantizado por la autoridad de la Cosa Juzgada quedando firme sin lugar a recurso impugnatorio alguno. ¡Oh sorpresa!  El 3 de marzo de 2017 se publica el destape de una resolución emitida por el TC el 5 de abril de 2016, admitiendo una aclaración solicitada por una entidad que no fue parte en el proceso, violentando el principio elemental de la legalidad.

El TC contra toda legislación y principio jurídico admite el recurso y reabre el proceso.  ¿Es esto Estado de derecho? ¿No es esto  prevaricato en todos los idiomas? Siento vergüenza ajena de que todos los Colegios de Abogados del Perú participen de este legicidio. ¿Es esto justicia justa?

(GUSTAVO BARRAGÁN SCHENONE)

               VICEALMIRANTE AP

 

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