POR CASO COCTELES DE FUERZA POPULAR

Peritaje a terrenos de Mark Vito Vilanella

Fiscalía inspecciona dos lotes de esposo de Keiko Fujimori en Cañete.



El fiscal titular de lavado de activos, José Domingo Pérez Gómez, encabezó una operación de inspección de terrenos de Mark Vito Villanella, esposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

La operación, consistente en la supervisión y peritaje de los lotes 8 y 9 del centro industrial La Chutana, en Chilca, provincia de Cañete (Lima), forma parte de una investigación preliminar por presunto lavado de activos contra Fujimori y su esposo.

El origen de las pesquisas son los cocteles realizados por Fuerza Popular para la campaña electoral de Keiko Fujimpori en el año 2016, así como las transferencias que recibió de la ONG LVF Liberty Institute, constituida en Estados Unidos.

La investigación de la Fiscalía busca determinar si los fondos que se recaudaron en los cocteles que realizó el fujimorismo tienen o no un origen irregular.
Pérez informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Liberty Institute, institución sin fines de lucro, no habría tenido autorización para realizar aportes a Fuerza Popular, que llegó a S/ 220,608.

Por ello la Fiscalía maneja la hipótesis de que el esposo de Fujimori compró los terrenos con los aportes que recibió de la campaña en 2016, por un valor de S/ 617,329.

Según el Ministerio Público, la suma pagada por los bienes es mucho menor al costo real que llegaría a S/ 1’720,000.

El 18 de marzo, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Sala Penal Nacional evaluará la apelación de la Fiscalía a una disposición judicial que ordena concluir la investigación preliminar.

PREDIO INCAUTADO A ORELLANA

El Ministerio Público logró que retorne a propiedad del Estado Peruano una gran extensión de terreno ubicada en el distrito de Santa Anita, que fue incautada en noviembre último como parte de las investigaciones en torno a la red criminal que habría liderado Rodolfo Orellana y que se dedicaba a apropiarse de inmuebles mediante el uso de testaferros.

Se trata de un área de más de 5,000 metros cuadrados ubicada a la altura del Km 3.5 de la Carretera Central, que pertenecía al hospital Hermilio Valdizán pero que fue ilegalmente transferida a terceros.







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