EL TONEL DE DIÓGENES

COMPARECENCIA MAJADERA

De la buena noticia del voto de investidura al “Gabinete Aráoz” pasamos –para variar– a otro incordio entre el Ejecutivo y el Congreso debido a la negativa del Presidente de la República a comparecer ante la Comisión parlamentaria “Lava Jato” manifestando, en cambio, la plena disposición a que se reciba su declaración por escrito sobre todo lo interrogado. Vamos a prescindir de algunos asuntos adjetivos y hasta disparatados (v.g. el jefe de Estado hizo una comparación con un “circo” poco feliz y rechazó públicamente el citatorio y un cerril congresista fujimorista advirtió que presentaría una denuncia constitucional en su contra por la negativa, etc.), para ir de lleno al punto: ¿El artículo 97 de la Constitución obliga al Primer Mandatario a comparecer ente la comisión investigadora de marras? En vista del tenor del último oficio reiterativo enviado a Palacio de Gobierno por la presidenta de dicha comisión, no cabe duda que estamos ad portas de otro conflicto de poderes.

 

Según el Congreso –porque hasta su titular ha metido la cuchara–, el artículo 97 citado, concordado con el Reglamento Congresal, obliga a toda autoridad, funcionario o persona a comparecer cuando es requerido por una Comisión investigadora y al no hacer excepciones incluye al jefe de Estado. El Ejecutivo, por su lado, no se rehúsa a declarar pero lo hará por escrito alegando su inmunidad frente a cualquier imputación o acusación salvo por las causales taxativamente señaladas por el artículo 117 de la Carta Magna y que no vienen a cuento para el caso. Por supuesto, políticos, abogados y opinólogos variopintos sostienen posiciones diversas y no pocos consideran que la decisión presidencial es un “error político”, aunque los constitucionalistas más respetables coinciden con la determinación del Primer Dignatario. Pero, claro, una cosa es el análisis jurídico y otro el político.

 

Desde estas líneas, sostenemos el derecho del Presidente de la República de contestar por escrito las preguntas y repreguntas que se le ocurra a la Comisión “Lava Jato” –o cualquier otra–, y creemos que sus respuestas serán satisfactorias para esta y para el país. Es más, si no estamos equivocados ya en una opinión consultiva de la Comisión de Constitución en la legislatura pasada, se concluyó que el jefe de Estado tiene la atribución de decidir si asiste o no a una citación de esta naturaleza ¿Acaso el Parlamento lo va a obligar a asistir con apremios judiciales? Basta de majaderías. ¡Amén!

 

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