EL TONEL DE DIÓGENES

MAÑANA JUEVES

Al publicarse estos renglones pergeñados el lunes pasado, todo indica que el procedimiento de vacancia iniciado al caballazo por la mayoría fujimorista et alia del Congreso contra el Presidente de la República seguirá su curso inexorable y que la suerte del primer mandatario estaría echada mañana.

Por más que un congresista opositor mencionó que antes de este pedido de vacancia procedieron otros tres en nuestra historia republicana, lo cierto es que el único que viene a cuento es el del expresidente Alberto Fujimori cuya vergonzosa fuga del país justificó la destitución declarada por el Parlamento, no por la renuncia que pretendió sino por la causal de incapacidad moral establecida por la Constitución. A partir de este caso, se desarrolló en el Reglamento del Congreso el procedimiento de marras ahora en trámite contra el jefe de Estado.

Al Presidente, según la moción de vacancia, se le imputa haber “faltado a la verdad” ya que sus afirmaciones o descargos con relación a la corrupta Odebrecht (OD) han sido desvirtuadas por dicha compañía configurando la incapacidad moral “que no requiere mayor controversia o dilucidación al respecto” (sic). Así de fácil, aunque la propia OD después ha aclarado que la contratación y prestación de todos los servicios fue lícita y gestionada “exclusivamente por el Sr. Gerardo Sepúlveda”, es decir, sin intervención del hoy primer mandatario.

No vamos a negar las imprecisiones y hasta contradicciones en que ha incurrido el Presidente y que han dado pie a este malhadado trance. La pregunta es si esta conducta negligente que ha explicado en la entrevista periodística del último domingo es tacha suficiente para hacerlo indigno del cargo.

Para la doctrina la figura de la incapacidad moral es de naturaleza ética y definida como un comportamiento público o social gravemente venal, deshonesto, inmoral, corrupto, etc. En cuanto a Fujimori los hechos no dejaron duda, pero en este caso sustentado en una supuesta “mentira” que sin una previa investigación imparcial y objetiva puede ser inexactitud u omisión, el procedimiento de vacancia se convierte, dada su arbitrariedad y ausencia de garantías, en un linchamiento.

Los peticionarios de este atropello se llenan la boca con el “debido proceso” y el derecho de defensa del jefe de Estado. El problema es que este procedimiento es político y al final sujeto a la “conciencia” -si la tienen- o consigna de los congresistas. En estas condiciones, el pedido de vacancia es un absoluto abuso de derecho. ¡Amén!

Noticias relacionadas

Noticias de una categoría relacionadas

Top