Alfredo Vignolo

Acerca de Alfredo Vignolo:

Libertad de Prensa y Derecho a la Información en riesgo

De acuerdo con la Constitución Política del Perú, Artículo 2do., “Toda persona tiene derecho:”, inciso 4 “A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. (…). Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación”.

Este párrafo constitucional pareciera que lo desconocen los miembros de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, ya que fue aprobada la ‘Ley Mulder’, norma que establece prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación social privados. Esta absurda iniciativa legislativa es un golpe a la libertad de expresión.

Desconociendo el Derecho a la Información y a la Libertad de Prensa, la Comisión de Transportes del Parlamento Nacional aprobó por mayoría la insistencia del dictamen que regula el gasto de publicidad del Estado, tras el debate sobre la Observación del Poder Ejecutivo a la autógrafa respecto a la reglamentación de la publicidad estatal en los medios de comunicación social privados.

El presidente de la citada comisión, Roy Ventura Ángel (bachiller en Ingeniería de Transportes) de las filas de Fuerza Popular (FP), faltando a la verdad, manifestó que el dictamen en debate con base en la iniciativa del congresista Mauricio Mulder (PAP) fue trabajado de manera coordinada con los diferentes legisladores de las bancadas y se atendió a todos los representantes de los medios nacionales y regionales.

Queriendo aparentar que conoce de Derecho a la Información y Libertad de Prensa, alegremente manifestó: “La publicidad estatal en medios privados no ha demostrado eficiencia”, y aseguró que con esta ley no se afecta la libertad de expresión. “Los medios de comunicación pueden seguir informando sobre campañas estatales”. No obstante, remarcó que hay excepciones contempladas en determinados casos. “No se prohíbe la publicidad estatal en su totalidad y se podrá realizar en casos de emergencia o campañas electorales”, remarcó.

El legislador Mauricio Mulder, periodista colegiado y autor del proyecto de marras, enfatizó que “ha existido un gasto inútil que sólo tiene intención de disfrazar las acciones del Gobierno como si estuvieran haciendo algo bueno cuando no hacen nada”. Agregó que no se trata de restringir la libertad de información, se trata de direccionar mejor el presupuesto, pues “se bota la plata en temas donde la población no se beneficia”.

La propuesta de ley señala que se sustituirá a los medios de comunicación social (medios masivos) por medios de internet; pero… el acceso a internet no existe en las  regiones, por lo tanto existirá una restricción de la información.

La iniciativa presentada por el congresista Mauricio Mulder afecta directamente el derecho de las personas de conocer los servicios que brinda el Estado; además de representar una “censura indirecta” a los medios de comunicación social y a los periodistas que realizan investigaciones por las irregularidades en el Estado.

Por un lado se vulnera el derecho de las personas de conocer lo que está haciendo el Estado y constituye un mecanismo de censura indirecta que busca enviar una señal a los medios de comunicación social y a algunos periodistas que han adquirido un tono crítico en los últimos meses, por los casos de corrupción.

Es una lástima y una vergüenza, no solo a nivel nacional, sino internacional, que en el momento actual, tan trascendente para la gobernabilidad del país y las declaraciones de Barata que involucra a varios ex candidatos presidenciales, se conculquen derechos constitucionales, al mismo estilo del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela o a la compra de líneas editoriales en la época fujimontesinista.

Lo acontecido en el Congreso de la República es un grave atentado contra la libertad de expresión, al vulnerar el derecho constitucional a la información, opinión, expresión y difusión del pensamiento; esta ley es una censura indirecta y tiene como único propósito ejercer presión contra las empresas de comunicación social.

Esta medida afectará a los lectores, televidentes y radioyentes, que verán menoscabado su derecho a acceder a información relevante sobre los programas, campañas y servicios que brinda el Estado.

Existe ya una ley aprobada en el año 2006 que regula la publicidad en el Estado, y que si bien no está reglamentada, está en aplicación y obliga a un manejo técnico de la publicidad del Estado sobre la base de los niveles de audiencia y del impacto que merece cada campaña. Pensar, como propone el congresista Mulder, que a través de plataformas del Estado, TV Perú o Radio Nacionalse va a lograr el impacto que se requiere, carece totalmente de sustento.

Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación social.

No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.

La lucha por la libertad de expresión y de prensa, por cualquier medio, no es tarea de un día; es afán permanente. Se trata de una causa esencial para la democracia y la civilización. No solo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el aliento cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar nuestra profesión.

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