Beatriz Mejía Mori

Beatriz Mejía Mori

LA VERDAD OCULTA

Acerca de Beatriz Mejía Mori:

INEJECUTABILIDAD CONSTITUCIONAL DE RESOLUCIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Los deberes generales de los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos están estipulados en  este convenio, por lo que la sujeción de los Estados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte del mismo nombre, tiene como únicos  límites y alcances, los establecidos en dicha Convención, vale decir que no es posible una variación posterior no aprobada por cada Estado parte, que le obligue a hacer o no hacer algo que no es deber estipulado por el texto de la Convención, así se emitan resoluciones u opiniones consultivas bajo la justificación de “desarrollar los derechos humanos”.

Este principio de seguridad jurídica internacional pretende desconocerse bajo dos falsas premisas:

  1. La supremacía jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la jurisdicción nacional, amparada en que se constituye en instancia supranacional revisora de los casos de violación de derechos humanos no amparados por la jurisdicción interna, y que la faculta para “declarar el derecho aplicable” por los Estados, lo cual le está permitiendo cambiar peligrosamente los conceptos de derechos humanos reconocidos en los Tratados y en la misma Convención.
  2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos decide qué casos ve, bajo “la regla de la competencia de la competencia”, es decir, se autonorma y puede asumir la competencia que considere conveniente, por ejemplo establecer nuevos derechos humanos en sus sentencias o informes de Opinión Consultiva.

Ambas falsas ideas han sido desarrolladas en la última década, cayendo en la pérdida de rigor convencional que deben observar en todos los asuntos que sí son de su competencia, convirtiéndose en un órgano político judicial que evidentemente está sirviendo al propósito de constituir el aparato persecutorio del Estado policial supranacional del Nuevo Orden Mundial, perdiendo su razón de ser y constituyéndose en un peligroso instrumento de dominación de los pueblos.

La Constitución peruana en su artículo 55 incorpora los Tratados Internacionales como parte del derecho interno, por tanto, la sujeción del Estado peruano a los organismos de cumplimiento de la Convención, deviene de su propio texto, no pudiéndose sujetar a organismos que emiten resoluciones transgrediendo los principios y normas de esa Convención.

Si el Estado es notificado de una resolución o informe que transgrede los principios, las normas sustantivas o procesales o los conceptos de derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, no tiene por qué cumplirla, al carecer esta del Imperio de la legitimidad que le otorga a un acto jurisdiccional internacional, la estricta observancia de los acuerdos normativos de la Convención que instó su creación.

Ningún Estado está obligado a cumplir resoluciones o informes de organismos supranacionales que vulneran los Tratados y quiebran su Orden Constitucional.

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