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Cumplimiento de los plazos procesales (I)

Uno de los cruciales problemas que afecta a los justiciables en la administración de justicia es el incumplimiento de los plazos procesales. Una acción judicial que, a estar por los plazos establecidos en los Códigos procesales y en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, debe durar racionalmente menos de un año calendario, tarda muchos años hasta que se emita la sentencia firme o ejecutoriada que pone fin al proceso judicial, y a veces mucho más si debe ejecutarse la sentencia.

¿Qué es el plazo? Se entiende como “el lapso establecido en la norma legal, judicial o convención entre las partes, con relación al cumplimiento de ciertos actos o hechos jurídicos”. A su vez, el plazo procesal es “el establecido para realizar actos procesales”. Para procesar las acciones judiciales los plazos están nítida, inequívoca y legalmente establecidos en los Códigos Procesales (Civil, Laboral, Penal, etc.).

El demandante como el demandado deben cumplir los plazos procesales desde que presentan su demanda o la contestan. Así, si el plazo para interponer la demanda civil o laboral ha prescrito o caducado, el juez de plano declara improcedente o lo puede hacer a petición de la parte demandada. Si un demandante o un demandado presentan su recurso de apelación contra la sentencia, al día siguiente de vencido el plazo respectivo para ese recurso, el juez la declara improcedente. Ambos están regidos por el mismo Código Procesal Civil o Ley Procesal Laboral. No se pueden eximir o alegar excusas o “explicaciones”. El juez es imperturbable al respecto.

Pero el juez que administra justicia en esa demanda está igualmente sujeto a la misma norma legal procesal. No obstante, a diario se puede comprobar no en cientos sino en miles y miles de expedientes judiciales, que el juez no cumple con expedir la sentencia dentro del plazo nítida e inequívocamente señalado en la citada norma legal, que debe ser de cumplimiento obligatorio para los tres: demandante, demandado y juez. Lo expuesto en materia civil o laboral, ocurre igual en acciones penales, comerciales, de familia, contencioso administrativas.

Esa realidad resulta indiscutible. Si bien es cierto el Poder Judicial es autónomo e independiente en aplicación de los artículos 138° y 139° de la Constitución eso no significa que los miembros de ese Poder del Estado no cumplan con las normas legales que le están establecidas. Si aceptaron el cargo de magistrados, deben cumplir con las normas legales procesales sin evasivas ni excusas, salvo mejor parecer como dicen “en la administración pública”.

Roberto Rendón Vásquez

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