¿DE QUÉ ESTÁ HABLANDO LA CIDH?

Con absoluto y total asombro he leído el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto del indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori Fujimori. Y digo con total asombro porque esta Comisión prácticamente ha adelantado opinión y juicio de valor, vulnerando a todas luces, y frente a toda la comunidad internacional, su principio de imparcialidad.

La CIDH ya calificó el indulto como ilegal, como desproporcionado, y determinando que la decisión del Presidente de la República no se encuentra dentro del marco del derecho internacional. Esta Comisión olvidó que, para emitir una opinión de esta magnitud, previamente debió evaluar las circunstancias y escuchar a algún comisionado peruano, si fuera pertinente. Sin embargo, lo único que ha recibido es la versión de aquellos que no se encuentran conformes con el indulto, recogiendo en todo caso la mitad de la verdad, la mitad de los acontecimientos nacionales, seguramente bajo una perspectiva de rechazo al indulto que ha inducido a la Comisión a emitir un pronunciamiento parcializado por donde se le mire.

Lo más cómico de la actuación de esta CIDH es que, luego de haber adelantado opinión y luego de haberse pronunciado respecto de un derecho presidencial, pretende hacer una audiencia. Jajajá; estos métodos los conozco muy bien como abogado: primero te acusan y después te sientan en una audiencia pero ya estás sentenciado; esto es lo más claro que he podido ver en la desesperación de la CIDH y sus aliados en el Perú, para atropellar la soberanía peruana, la majestuosidad de nuestras instituciones y las decisiones que de ella emanan.

Sepan todos ustedes que el Estado peruano, desde las épocas de Alejandro Toledo, cumplió con procesar y sentenciar, en búsqueda de “la verdad”, las violaciones de los derechos humanos que se produjeron en el Perú. Hay muchas sentencias mencionadas en el pronunciamiento de la CIDH, en las cuales el Estado peruano cumplió a cabalidad y muchos peruanos hoy están presos por esos delitos. Por lo tanto, la CIDH no solo adelanta opinión y vulnera el principio de imparcialidad, sino que también ahora pretende usurpar funciones más allá de sus competencias como la de cuestionar la soberana decisión de un Presidente elegido democráticamente.

Finalmente, señor Presidente, sus asesores jurídicos tienen que orientarlo con la debida calma pero, sobre todo, haciendo respetar la independencia de los poderes del Estado peruano, las prerrogativas constitucionales que lo asisten y el marco jurídico que le permite tomar decisiones, pues caso contrario, que nos gobierne la CIDH una vez más. Hasta la próxima semana.

Iván Torres La Torre

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