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Las aguas subterráneas y la fiesta que gusta a los industriales

La Sunass ha ratificado la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas que permite a Sedapal cobrar a grandes usuarios -como embotelladoras, textiles, centros comerciales, industria láctea, clubes- por el uso de ese recurso. Evidentemente, tales usuarios se oponen pues no quieren pagar por aquél o, de hacerlo, proponen una tarifa ínfima que no refleja su costo social. Un costo social es aquel que se impone a todos en sociedad y que directa o indirectamente pagamos. Hay la concepción de fondo de que esta agua es infinita o del primero que la encontró. Esto es falso, este recurso se agota, por lo que Sedapal debe ineludiblemente reponerlo a su costo.

Por ello, la tarifa persigue que aquellos usuarios paguen los costos que afronta Sedapal por poner a su disposición las aguas subterráneas. El trasfondo es mantener las condiciones de equilibrio en los acuíferos de los ríos Chillón–Rímac–Lurín, que constituyen la principal reserva de agua de Lima en caso de sequía extrema.

La extracción de agua subterránea se ha incrementado debido a su “alta calidad, confiabilidad y a los avances en la hidrogeología para facilitar su extracción a un costo relativamente accesible…”, algo de lo que aprovechan los industriales. Por ello eligen no conectarse a la red de Sedapal y hacer uso discrecional del recurso. Mientras en otras partes del mundo esta agua es fundamentalmente para consumo humano, en Lima son los industriales quienes hacen mayor uso de ella (60 % del volumen extraído) en afectación de la reserva necesaria de toda ciudad grande y del equilibrio del acuífero.

“En Estados Unidos se prevé que acuíferos del valle central de California y otras zonas podrían agotarse hacia el 2030. Igualmente, acuíferos que abastecen a Texas, Oklahoma y Nuevo México podrían alcanzar sus límites entre el 2050 y 2070. Para el año 2050, se estima que hasta 1,800 millones de personas vivirían en áreas donde el agua subterránea se halla prácticamente agotada debido a su excesivo bombeo”. Por ello, la acción de Sunass resulta admisible y en defensa del bien común.

La tarifa de agua subterránea es un precio y como tal debe ser una señal adecuada para reflejar la escasez de un recurso en el tiempo o, visto positivamente, para asegurar la sostenibilidad de su provisión. La oposición a pagar una tarifa que recoge principios económicos, que defienden los industriales solo cuando les conviene, es una medida consecuente de política sectorial. Ojalá el Gobierno Central se ponga firme del lado de Sunass.

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