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LAS PENAS EN EL PERÚ

Durante estas últimas semanas, los diferentes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, han emitido diferentes autos y sentencias que han  puesto término al proceso y que han causado diferentes reacciones ante la comunidad jurídica y la opinión pública.

Por ejemplo se ha emito la sentencia a un conocido personaje de la farándula “ el zorro Supe “ por el delito contra el honor y se le ha impuesto dos meses de pena privativa de la libertad efectiva y para tal efecto se le privó de su libertad ambulatoria y ya se encuentra en un establecimiento penitenciario de Lima.

De la misma forma  se emitió  la sentencia contra Guillermo Riera, procesado por el delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo y se le impuso 7 años 04 meses de pena privativa de la libertad y al pago de 750,000.00 nuevos soles.

De la misma forma la sentencia que mayor polémica ha causado es la sentencia absolutoria contra Adriano Poso, en agravio   de Arlette Contreras por el delito contra la libertad sexual y de feminicidio en grado de tentativa, pero lo ha condenado al pago de una reparación civil de 100,000.00  y el voto en discordia de uno de los magistrados, lo condena al procesado de la acusación fiscal por el delito contra la libertad sexual tentada a 4 años de pena privativa de la libertad efectiva y al pago de una reparación civil de 30,000.00.

Todas estas últimas sentencias nos llevan a preguntarnos, cual es la finalidad de las penas en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano?

Indudablemente según las diferentes teorías de las penas que establece nuestra dogmática penal, nos lleva  ha precisar que una de las funciones que tiene la pena, es de carácter preventiva, protectora y resocializadora y además la imposición de una pena por más pequeña que esta sea, tiene por finalidad restablecer el orden alterado por la comisión de un delito.

La medida de la pena evidentemente depende de la gravedad del hecho punible realizado y el grado de culpabilidad del autor, estableciéndose un grado de proporcionalidad entre el delito y la pena.

La pretensión punitiva estatal, según las diversas corrientes del pensamiento penal, nos precisan que una de la finalidad  de la pena, es también disuadir al autor de la comisión de futuros hechos punibles, es decir evitar la reincidencia y solo se procurará readaptar  al autor mediante tratamientos de resocialización.

Sin embargo las sentencias emitidas por el Poder Judicial durante estos días son bastante interesantes y deben ser sometidas a la crítica, conforme lo establece la Constitución Política del Estado, para saber si efectivamente cuentan con los estándares de motivación y argumentación legal  y además que no se ha vulnerado el contenido esencial de la garantía constitucional del debido proceso.

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