TRIBUNA CONSTITUCIONAL

EL AMPARO MARCA PERÚ

El proceso de amparo es de las pocas instituciones jurídicas nacidas en Latinoamérica. En un continente receptor de Derecho, no abundan figuras jurídicas originales. Brotó en México y de allí su siembra se propagó por todo el mapamundi. Es la garantía constitucional que complementa al casi milenario hábeas corpus. Si este último protege la libertad personal y derechos conexos, el primero protege el resto de derechos fundamentales. Son los dos paraguas que, a excepción del hábeas data, protegen a los ciudadanos de las tormentas que vulneran los derechos fundamentales.

Empero, no hay dos procesos de amparo iguales en el mundo. En cada país el amparo ha tenido una biografía distinta y, consecuentemente, una diagrama propio. El Perú no ha sido la excepción. En nuestro país existen dos tipos de amparo: el ordinario, que responde al bosquejo original de protección de la persona contra la vulneración o amenaza del Estado (luego se extendió a la protección contra actos de particulares), y el extraordinario, que establece un modelo ajeno a la gráfica primaria diseñada en tierras aztecas, pues está dirigido a controlar los actos de los tres poderes del Estado: el amparo contra resoluciones judiciales (actos del Poder Judicial) y el amparo contra normas legales (actos del Poder Ejecutivo y Legislativo).

En efecto, el mayor porcentaje de demandas pertenecen al amparo ordinario, ya que obedecen a la natural y creciente solicitud de protección de los ciudadanos ante actos de entidades estatales y privadas. Múltiples factores abonan a su, hasta hoy, anómalo desarrollo: la falta de juzgados especializados, la falta de conocimiento de su carácter de tutela urgente y una legislación que aún permite –aunque excepcionalmente– audiencias y medidas cautelares a un proceso de resolución apremiante. Todo esto, conlleva a que muchas veces se asemeje a un proceso ordinario y, así, a su lógica desnaturalización.

Por otro lado, el amparo extraordinario ha logrado instalarse firmemente en el Perú. Esta tipología no es unánime en el mundo jurídico. Es una figura desterrada en otras legislaciones debido a que para cuestionar resoluciones judiciales existen los medios impugnatorios intraprocesales y la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y, si surge una norma legal que viola la Constitución, existe el proceso de inconstitucionalidad. Son razones potentes y atendibles. Además, entre nosotros, la última palabra en amparo la tiene el Tribunal Constitucional, lo que ocasiona no pocos conflictos con los poderes del Estado. El amparo marca Perú aún no se consolida del todo como la garantía constitucional que todos requerimos.

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