TRIBUNA CONSTITUCIONAL

EL DERECHO DE GRACIA

La potestad de indultar (perdonar una pena) o de conmutar (cambiar la pena por otra menor, pero de la misma naturaleza) que muchos textos constitucionales atribuyen normalmente a los jefes de Estado, no son sino expresiones del más genérico “derecho de gracia”, que ejercían los soberanos absolutos, cuyo poder se suponía legitimado por su origen divino. Precisamente en alusión a la gracia divina es que se habla de derecho de gracia, derecho que hoy, como es generalmente aceptado, no es sino un rezago de esa potestad soberana.

El caso peruano no es la excepción al mantenimiento de esta institución, pues el inciso 21° del artículo 118° de nuestra vigente Constitución de 1993, establece que corresponde al Presidente de la República: “Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”. Entonces, claro, cuando se desconoce el origen de una institución o su extensión denotativa actual, sucede que se puede incurrir en una lectura equivocada de la norma constitucional. Así, por ejemplo, el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia, aprobado mediante Resolución Ministerial N.º 0162-2010-JUS, engloba bajo el concepto de “gracias presidenciales” la potestad del Presidente de la República para conceder el indulto, para conmutar las penas y para perdonar a los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria; incurre en el error de denominar a esta última potestad “derecho de gracia”. Ello en virtud de una indebida lectura excesivamente literal de la citada norma constitucional.

Es verdad que la redacción de esta norma no es la más afortunada, sin embargo, a partir de una cabal comprensión de la figura del “derecho de gracia”, que en términos generales no es sino la “concesión de perdón”, se debe entender que “el Presidente de la República tiene la potestad de ejercer el derecho de gracia para conceder indultos, conmutar penas y ‘otorgar perdón’ a los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”.  Casos como el señalado conspiran contra un entendimiento y debida difusión de las instituciones. A partir de allí, se origina la confusión en el ciudadano de a pie y los resquicios por los que los extremistas y antisistema quieren meter el mar para ahogar la institucionalidad. El magisterio legal y constitucional es una responsabilidad innegociable.

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