ESPOLÓN DE PROA

EL PROBLEMA DE GRAÑA Y MONTERO

  • Fecha martes 14 de noviembre del 2017 | 7:25 am
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El problema de Graña y Montero no es la querella que Keiko Fujimori amenaza con interponer a El Comercio por su osadía de informar categóricamente a partir de hechos no verificados en el caso de Odebrecht y el financiamiento eventual a Fuerza Popular.

Tampoco es la histeria de que se esté amenazando la libertad de expresión. La judicatura resolverá lo que corresponda cuando se conozcan al detalle las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata.

La cuestión de fondo es la falta de transparencia institucional, el riesgo que por ello corren los trabajadores y la actuación de la justicia.

GyM negó conocer los delitos de Odebrecht; sin embargo, Barata ha sostenido que Graña sí conocía las coimas a Toledo en la Interoceánica. Según la Folha de Sao Paulo en la ejecución de la Línea 1 del Metro, Graña habría cedido sus ganancias para el pago de coimas a funcionarios. Además, ¿cómo contrató con alguien que ya tenía un problema penal en Brasil? Por otra parte, Graña y Enagás burlarían una deuda de US$ 200 millones con los proveedores en el gasoducto sur. Asimismo es excesivo que la Concesionaria Chavimochic, integrada por Odebrecht y GyM, a cargo de la construcción de la III etapa de Chavimochic, amenacen con enjuiciar al Estado.

Entre tanto, las averiguaciones internas sobre estos hechos encargadas por la compañía a Simpson Thacher & Bartlett carecen de valor jurídico.

Fiscalmente, ¿por qué Pablo Sánchez jamás solicitó el embargo de los bienes de GyM y otras constructoras corruptas? ¿Por qué ha permitido la venta de parte de sus activos? ¿Por qué designó a dedo al fiscal Hamilton Castro, en vez de que la elección sea a través de la Mesa de Partes o el fiscal de turno? ¿Por qué se eligió a dedo a un grupo especial de fiscales para que acompañaran a Castro a Brasil?

La procuraduría sí denunció penalmente a las empresas GyM y otras por sus vinculaciones al pago de coimas en la Interoceánica Sur, y fiscalmente tras la delación de Barata de que GyM conocía de las coimas a Alejandro Toledo, la Fiscalía debió incluirla.

No debe buscarse la quiebra de Graña, pero sí intervenir la empresa para garantizar las indemnizaciones, cautelar el derecho de los trabajadores, que no se rompa la cadena de pagos y que cualquier contrato nuevo se haga bajo el marco del DU 003 modificado. Lo contrario sería permitir privilegios inexcusables.

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