ODEBRECHT Y EL HOSPITAL REBAGLIATI

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Muchos no se acuerdan y más no saben, qué el hoy llamado Hospital Rebagliati (Hospital del Empleado) fue íntegramente construido por un consorcio constituido por cuatro empresas 100% peruanas. Tampoco saben qué de 1948 hasta 1956, el gobierno de aquella época logró que las empresas constructoras peruanas se consoliden. Por ello, crecieron Graña y Montero; Flores y Costa; Cillóniz, Olazábal y Urquiaga; Payet; Guilfo y Crosby, Andes, etc. El día de hoy, con excepción de Graña y Montero, todas se han reducido o desaparecido.

Si hace 67 años teníamos empresas constructoras peruanas capaces de construir el Hospital Rebagliati, reconstruir toda la carretera Panamericana hecha por Augusto B. Leguía, los Ministerios de Educación, Hacienda, Trabajo, el estadio nacional, Etc. ¿Por qué Odebrecht se convirtió en imprescindible, a punto de que GyM, la única empresa constructora de aquella época, que ha permanecido con importancia, tenga que actuar de furgón de cola de la constructora brasilera?

¿Qué hicieron mal los gobiernos para que todas, menos una, de las empresas que se crearon en los 50tas se hayan reducido o desaparecidos? Esta pregunta la debe contestar la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).

Es importante sancionar a los que participaron en la nefasta corrupción creada por Odebrecht pero, también se requiere modificar nuestras normas para promover la creación y el crecimiento de las constructoras peruanas.

La corrupción creada por Odebrecht y otras empresas brasileras, logró hacer muy difícil, para las empresas peruanas, competir con ellas (las brasileras) sin alejarse de los sistemas creados por estas compañías extranjeras. Esta es la razón por la que algunas de nuestras constructoras tuvieron que subcontratar o asociarse con la “corrupción” para poder participar en el mercado de la construcción que creaba el Estado.

La solución del problema está, principalmente, en cambiar las normas que permitieron la corrupción además de sancionar con severidad a los actores intelectuales, y con compresión, a los peruanos que, “sin querer queriendo” se vieron obligados a participar en el soborno y beneficiarse del mismo.

Los jueces y el gobierno deben tener presente que las sanciones que le impongan a las personas naturales que participaron en la corrupción, no deben afectar con severidad a sus empresas. Guardando la distancia con el delito cometido, no debe volver a pasar lo que ocurrió con Aéreo Continente, empresa cuyo propietario tiene que estar preso, como lo está, pero su empresa aérea debió pasar a otras manos y no desaparecer.

 

 

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