Javier Valle Riestra

Acerca de Javier Valle Riestra:

EL CASO DE N. VILLA-GARCIA (1992)

El intento del Perú en 1992 de extraditar al marino peruano retirado N. Villa-García de los Estados Unidos de América significó un caso presuntamente tipificable como peculado o malversación en agravio del Estado peruano, en el que el sujeto activo del affaire, un funcionario público destacado en Washington, habría actuado y agotado los hechos dentro del territorio de los Estados Unidos de América entre 1978 y 1992, infracción punible que dentro del derecho peruano e hispánico se considera delito continuado por haber pluralidad de acciones de la misma índole en agravio del mismo sujeto pasivo.

Sin embargo, los jueces de los EE.UU. se avocaron al caso y no de oficio, sino a petición de la parte agraviada (la Marina de Guerra del Perú), sometiéndose así a la justicia norteamericana y prorrogado la competencia del juez del fórum delicti commissi; es decir, del juez de Washington. Los hechos materiales se produjeron en los EE.UU. y la competencia peruana resultó de una ficción contenida en el Art. 5° del Código Penal de 1924 y en el art. 2° del rigente Código Penal de 1991: “las infracciones de cualquier especie cometidas en el extranjero por funcionarios o empleados del servicio del Estado en el desempeño de su cargo”.

Ambos códigos pretenden inclusive que este tipo de delitos son perseguibles en el Perú, aunque se haya extinguido la acción penal “conforme a una u otra legislación” y “hasta cuando el procesado ha sido absuelto en el extranjero o el condenado ha cumplido la pena o esta se halla prescrita o remitida”, lo que es aberrante según el derecho penal democrático. ¿Por qué? Porque ambos numerales así lo excluyen explícitamente. El art 6° del C.P. de 1924 en su primer ítem y el art. 4° del C.P. de 1991, también, en su primer ítem.

Pero, en un dictamen preparado por el autor en Madrid como abogado español, en 29 de junio de 1992, sostuve que esas reglas de imprescriptibilidad y desconocimiento de la cosa juzgada son inconstitucionales y están en entredicho con la Ley Fundamental del Perú, los pactos internacionales ratificados, la jurisprudencia y la doctrina nacionales. No se trata de delitos de foro universal (genocidio, tráfico de drogas, falsificación de moneda, trata de blancas o de esclavos, anarquismo, cables submarinos o contra la humanidad) sino de una norma local que considera ubicuos ese tipo de delitos de funcionario.

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