Javier Valle Riestra

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DENEGATORIA POR DEFECTOS FORMALES

El gobierno de los Estados Unidos de América solicitó al Perú la extradición del ciudadano peruano Manuel Arias para cumplir una condena de 21 meses en EE.UU. por presunta declaración falsa en aduanas. El Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 5 de abril de 2005, declaró improcedente la petición por no reunir los requisitos exigidos en el Articulo 17° de la Ley peruana de Extradición, bajo comento.

En su Informe Final el juzgado precisó que a la petición necesitaba acompañar: “documentación que falta anexar a la solicitud de extradición conforme a lo dispuesto en la ley No 24710 y el tratado de extradición entre el Perú y Estados Unidos de América: a) Copia de la sentencia condenatoria o decisión de prisión proferidas por la Magistratura competente o constancia dictada por la autoridad competente que la persona reclamada ha sido declarada confiable. B) Copia íntegra de los textos de la ley penal relativos al crimen cometido, a la pena aplicable y a la prescripción de la acción o de la pena. C) Pruebas de hecho. D) Pruebas de participación del reclamado. E) Pruebas de participación del reclamado. E) Pruebas o informaciones que demuestren que la persona reclamada es la misma a quien se refiere la declaración de culpabilidad”. Es decir que la solicitud debía contener documentación clave y que el Estado requirente incumplió.

Ello constituía un impedimento para emitir un pronunciamiento de fondo con respecto al debido proceso y a los requisitos formales señalados en la ley y en el Tratado. Por su parte, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, mediante fallo del 12 de enero de 2006 (Extradición Pasiva N° 31-2005), ratificó la improcedencia al considerar, además, que no se cumplían los principios de: a) legalidad (que el delito debe estar contemplado en la ley y en el tratado); y, b) de doble incriminación o principio de identidad de norma, es decir, que el hecho imputado sea considerado delito en el Estado requirente como en el país requerido. La Suprema basó su denegatoria, también, en que no se respetó el debido proceso al haberse condenado al extraditurus en ausencia. Finalmente, el Poder Ejecutivo, mediante R.S. N° 074-206-JUS, resolvió denegar la solicitud de extradición formulada por las autoridades de EE.UU.

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