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UNA INFAME ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Ahora sí está comprobado. Ni el Poder Ejecutivo, tampoco el Legislativo y menos aún el Judicial –al igual que la Fiscalía de la Nación– están a la altura de las necesidades del país para poder encarar un vendaval de situaciones de corrupción como el que ha desatado el escándalo Lava Jato.

Empecemos por el gobierno nacional. Es evidente que aquella megacorrupción que conoció el Perú vía los “vladivideos” jamás dejó de operar en los más altos espacios del Estado peruano. Menos en el Poder Ejecutivo. Es más, el expresidente Alejandro Toledo –que accedió a la jefatura del Estado precisamente enarbolando la bandera de la anticorrupción– de acuerdo a los trascendidos judiciales y a la orden de captura que está vigente resultó ser un corrupto de siete suelas, aparte de traidor de sus votantes.

Lo mismo ocurrió con ese otro adalid de la anticorrupción llamado Ollanta Humala que, al igual que su esposa –co-mandataria del Perú durante aquel desgraciado quinquenio 2011-2016– ocupa ahora una celda carcelaria. En ambos casos las venales compañías constructoras brasileñas entregaron millones de dólares a estos dos expresidentes a cambio de su apoyo para la construcción de grandes obras claramente sobrevaluadas. Es más, en el caso de Humala existe el agravante que recibió ene millones de dólares robados al pauperizado pueblo de Venezuela, dizque para financiar sus dos campañas electorales. En cuanto al actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, lo que hoy está en juego es una investigación en torno a su comportamiento durante el tiempo en el cual participó como ministro de Economía, presidente de Proinversión y presidente del Consejo de Ministros durante el régimen Toledo, alrededor de sendas operaciones con Odebrecht en las cuales intervinieron dos empresas suyas. Así que si las cabezas del Poder Ejecutivo se encuentran en esta tesitura de vinculación y/o de complicidad con la corrupción, entonces nada podemos esperar de este poder del Estado respecto a su capacidad para luchar contra este terrible flagelo que ha robado y empobrecido a este país y, en simultáneo, ha enriquecido a la cúpula del poder político y empresarial del país.

Ahora bien, el Legislativo permanece empantanado en su congénita medianía, como consecuencia del infeliz contenido de la Constitución que permite que cualquier títere con cabeza pueda ser elegido congresista de la República.

Por su lado el Judicial proporcionalmente continúa siendo un nido de incapaces que lindan con la corruptela, haciendo impredecible el resultado de cualquier proceso litigado ante sus magistrados. Y ni qué decir de la Fiscalía de la Nación, donde los fiscales, en su gran mayoría, más se asemejan a amanuenses que a profesionales especializados en este fuero que tiene el monopolio de la acusación de cualquier crimen. Sin duda está de más hablar de la Policía, cuyo comportamiento es cada vez más preocupante, vista su comprobada incapacidad hasta para elaborar los partes policiales.

Esta es la realidad del Perú, amigo lector. Un Estado al pairo, un Estado de opereta donde el hombre de la calle es víctima de la inutilidad de una infame administración pública.

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