Marcos Ibazeta Marino

Acerca de Marcos Ibazeta Marino:

DESORDEN Y DESCONCIERTO

Al parecer hasta ahora nadie en el Gobierno, en el Congreso, ni en el sistema de justicia está consciente de la magnitud del daño provocado con la corrupción que pudre todo el ámbito nacional, por las empresas brasileñas que, sin prisa y sin pausa, fueron apropiándose de nuestro espectro político e institucional, para ir colocando títeres en los más altos niveles de poder y, a través de ellos, controlar casi toda nuestra economía.

Se adjudicaron casi el cien por ciento de las obras públicas y de asociaciones público privadas que requerían las más altas inversiones, como por ejemplo Olmos (trasvase y riego), Gasoducto Sur, Interoceánica, represas de gran magnitud, carreteras en general, etc., es decir, de todos los megaproyectos urbanos y rurales.

Nadie ha cuestionado la calidad en la ejecución de las obras en mención sino la manera en que se obtuvo la adjudicación de las mismas y de la vocación delictiva de muchos de nuestros gobernantes y funcionarios públicos.

Lo real es que, para ejecutar las obras, las empresas brasileñas requerían de proveedores de bienes y servicios, como transporte, alquiler de maquinaria, tercerización laboral, etcétera, que obtenía de empresas peruanas que sumaban cientos, con decenas de miles de puestos de trabajo que permitía a muchas familias solventar el sustento diario mejorando su nivel de vida.

Si bien es cierto que los delitos de los ejecutivos de una empresa convierten a esta en responsable civil para el resarcimiento del daño, la cuestión es evitar que las medidas empleadas para el resarcimiento del daño no generen mayor daño que aquel que se pretende resarcir.

En vez de utilizar las medidas cautelares previstas en nuestra legislación, como la intervención en recaudación, en administración, administración directa, con veedores o sin ellos, combinando medidas para garantizar el resarcimiento sin dañar el mercado sacando abruptamente de este a una empresa solvente, al Gobierno se le ocurrió dictar el famoso Decreto Supremo 003 que es un monumento a la incapacidad.

Las empresas cuestionadas mantienen sus administraciones y solo se les impide transferir sus activos, pero paralizándose todas las obras en curso. Esta paralización se tenía que extender a los proveedores nacionales que también obtenían financiamiento del sistema bancario para sus operaciones, deudas que ya no pueden pagar y tampoco mantener a sus trabajadores, casi cayendo en la quiebra aquellas y estos sin empleo.

Estamos casi en parálisis y el tema siendo complejo exige respuestas de calidad.

ico-columnistas

Más artículos relacionados

Top
Gobierno prohíbe a condenados por terrorismo trabajar en el Estado

Gobierno prohíbe a condenados por terrorismo trabajar en el Estado