Marcos Ibazeta Marino

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VACACIONES JUDICIALES

Mucho se critica el hecho de haberse fijado el mes de febrero de cada año como el tiempo de parálisis del Poder Judicial por las vacaciones de sus jueces, cuestionamiento que no compartimos porque conocemos el problema desde sus raíces visto y vivido dentro del sistema mismo.

Para nadie es un secreto que antes de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, las vacaciones judiciales tenían lugar durante los meses de febrero y marzo, saliendo la mitad de los jueces en cada uno de esos meses, asumiendo el otro la carga de dos órganos jurisdiccionales, pero suspendiéndose el trámite de los procesos más largos y complejos, de modo que esos dos meses podían considerarse perdidos.

El problema era muy grave porque desde diciembre ya la judicatura reducía su actuar por las fiestas y porque nadie quería generar carga procesal en enero, la que no iba a ser atendida en febrero y marzo.

El sistema optó por reducir las vacaciones y suspender las actividades jurisdiccionales solo durante febrero, aunque allá por 1996-97 se ensayó un mecanismo vacacional con base en la libre elección del mes de vacaciones que hacía cada juez durante el año judicial, cuyo resultado fue un terrible desastre por el desorden y por la acumulación constante de carga procesal, porque siempre faltaba algún juez para juzgamientos o atención de despachos unipersonales.

Se tuvo que retomar el mes de febrero para concentrar allí las vacaciones judiciales, dejando algunos jueces para atender situaciones de urgencia procesal.

Lo que no se pudo solucionar es la baja producción en diciembre y enero, cuya causa, como ya dijimos, para algunos jueces puede radicar en no comprometer sus próximas vacaciones, mientras que para inescrupulosos que nunca faltan, esos meses pueden ser utilizados para hacer “caja” que financie un buen descanso vacacional.

Ha surgido otro problema, específicamente para el juzgamiento penal, el cual debe desarrollarse en una audiencia con varias sesiones cuyos plazos obligan a los jueces a interrumpir su descanso vacacional para que el juzgamiento no se “quiebre” y quede sin efecto, pero que en la práctica esas asistencias no significan avances significativos, por lo cual pensamos que todos los plazos procesales, incluidos los de juzgamiento, se suspendan durante las vacaciones.

Sostenemos esto, además, porque por la falta de coordinación y por deficiencias en la Ley Orgánica del Ministerio Público, las vacaciones fiscales terminan colisionando con juzgamientos en febrero de cada año y, al final, procesalmente, no se avanza nada.

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