ESCAÑO POPULAR

SEPARACIÓN Y DIVORCIO POR SEPARACIÓN DE HECHO

En julio de 2001 se aprobó la Ley N° 27495, que incorporó como causal de separación de cuerpos y, consecuentemente, de divorcio, la llamada “separación de hecho” de los cónyuges.

Obviamente esta nueva causal vino acompañada de la excepción a la hasta entonces regla absoluta, contenida en el artículo 335° del Código Civil (aún vigente y que sigue aplicándose a las otras 12 causales), según la cual no puede invocarse hecho propio para pedir la separación o el divorcio.

Además de lo contradictorio de añadir esta nueva causal de separación de hecho por dos años, o cuatro si se tienen hijos menores, y mantener la referida al abandono injustificado de la casa familiar, que solo puede invocar el cónyuge  abandonado, es pertinente destacar –como lo hice durante el debate de la ley, al señalar mi oposición a ella– que en el Perú, especialmente en el sector de menores ingresos, son las mujeres quienes resultan abandonadas por el cónyuge y  quienes se quedan a cargo de sus menores hijos.

Cierto que hay excepciones y que ha habido casos de mujeres que se resistían a conceder la separación o el divorcio al cónyuge que había hecho abandono del hogar, pese a que por los años de separación transcurridos era improbable o ya imposible una reconciliación.

Recuerdo que al debatirse la ley se mencionaba casos de hombres que ya habían formado otra familia y que la renuencia de la mujer a conceder el divorcio impedía que aquélla y su prole obtengan el estatus y los beneficios legales del caso. Argumento importante pero que considero no es más válido que la realidad de que la mujer abandonada con hijos menores o abandonada en la tercera edad, tenía antes de la ley mejor posición para obtener condiciones más justas para aceptar la disolución matrimonial.

Hoy, un cónyuge se aleja del hogar y a los dos o cuatro años pide la separación y disolución del vínculo y su parte de bienes comunes; la cónyuge no puede sino exigir la usualmente ínfima pensión alimenticia para sus hijos y para ella, así sea de la tercera edad, a lo más una también ínfima indemnización pues con el divorcio cesa la obligación alimentaria entre cónyuges.

Urge evaluar el impacto social de esta ley y sugerir a la mujer, sobre todo a la de menores recursos y de la tercera edad, que mientras haya armonía proteja el patrimonio familiar frente a un posible abandono o separación de hecho por su cónyuge.

Noticias relacionadas

Noticias de una categoría relacionadas

Top