ESCAÑO POPULAR

TREMENDA CORTE (LA CIDH)

Como si no bastara todo lo que ya ha resuelto –a favor de supuestas víctimas del Estado, cuando en muchos casos fueron victimarios y agresores de la sociedad peruana desde su condición de terroristas, como es el caso de los emerretistas chilenos, de Lori Berenson y de quienes asaltaron la residencia del Embajador de Japón– y lo que no ha resuelto ni resolverá puesto que como tenemos dicho en anteriores artículos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte) no admite causas directamente planteadas por algún nacional de los países que hubieran reconocido su competencia, nos sorprende la Corte con una supuesta medida cautelar a favor de cuatro integrantes del Tribunal Constitucional.

Con gastos pagados por el Estado, en octubre último, esos miembros del TC: Miranda, Ledesma, Espinoza Saldaña y Ramos, se presentaron en las sesiones realizadas por la Corte en Uruguay para pedirle protección ante un proceso de denuncia constitucional abierto contra ellos en el Congreso de la República, por la grave infracción cometida de alterar el voto ya emitido por un magistrado y cambiar el sentido de un fallo oleado y sacramentado.

Pervirtiendo la naturaleza y fines de una medida cautelar y violando toda norma procesal que rige sus actos, la Corte acaba de “ordenarle” al Congreso que ponga fin al trámite de la referida denuncia constitucional. Constitución vigente, mandato y representación popular,  y derecho de acceso a la justicia de quienes aquí plantearon la denuncia constitucional ante la inconducta de los magistrados peruanos, resultaron de un plumazo inexistentes para esa tremenda Corte.

Bueno es culantro pero no tanto, decían nuestros mayores. Llegó el momento de acabar con el imperialismo burocrático de quienes desde los ochenta, al finalizar los regímenes izquierdistas en Chile, Uruguay y Argentina, se infiltraron en la Corte y su otro yo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente administrativo, y ante la ingenuidad e impericia de los gobernantes hasta hoy, resultaron copándolos, pasándose los cargos de camarada en camarada.

Cuando en 1981 el Perú reconoció la competencia de la Corte y la Comisión, lo hizo bajo la condición de reciprocidad, “para recibir y examinar las comunicaciones que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violación de los derechos humanos establecidos en la  citada Convención (la Convención Americana de DD.HH.). De acuerdo a este reconocimiento ningún caso contra el Perú que no haya provenido de acción de otro Estado resulta válido. El error no genera derecho.

Es momento de hacer valer la condición puesta y de decir ¡Basta!

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