PERÚ Y EL MUNDO

Odebrecht y sus consorciadas

Hasta ahora en el Perú y en el mundo las personas jurídicas no son sujetos de Derecho Penal. Por consiguiente, no deben ser acusadas por la realización de delitos. Tal es el caso de Odebrecht y sus consorciadas. Pero sí pueden ser –y de hecho lo son– instrumentos para la ejecución de delitos por parte de los individuos que las controlan directa o indirectamente. Cuando hablamos de personas jurídicas nos referimos a las sociedades comerciales, e igualmente las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que realizan actividades económicas. Todas pueden servir de conducto para la ejecución de operaciones delictivas de carácter económico e incluso de narcotráfico y terrorismo. De ahí que en esas situaciones deban ser investigadas para llegar al fondo de la relación delictiva, cuyos responsables pueden ser sus propios directivos y funcionarios estatales, así como particulares ajenos a la función pública.

¿Cuál es la situación de Odebrecht y de las demás empresas contratistas brasileñas y nacionales involucradas en coimas, sobornos y otros delitos de corrupción? Deben ser investigadas para conocer los métodos utilizados por sus cúpulas directivas en la realización de eso delitos y sus beneficiarios. El objetivo principal de esas investigaciones es identificar a los ejecutivos de esas entidades que participaron en los delitos para determinar su responsabilidad penal y la indemnización que deban pagar. Las empresas como tales podrán ser intervenidas por el Estado, pero no deben paralizar sus actividades. Su paralización sería un remedio peor que la enfermedad si dichas empresas tienen contratos inconclusos de obras públicas. En ese caso el Estado y la sociedad civil se convierten en los principales perjudicados por la interrupción de las obras.  No hay nada peor que una obra pública abandonada a medio hacer.

El Gobierno dictó el Decreto de Urgencia No. 003-217 (El Peruano 13/2/17) estableciendo normas para asegurar la continuidad de las operaciones, evitar la paralización de las obras públicas y asociaciones público-privadas e impedir la ruptura de la cadena de pagos. Este dispositivo ha sido modificado en cuanto que las empresas involucradas no podrían seguir operando como contratistas. En realidad, esa medida resulta contraproducente porque el principal perjudicado va a ser el Estado sin perjuicio de los proveedores de tales empresas, por cierto que también sus trabajadores de escalones inferiores ajenos a la corrupción. ¿Qué hacer? De ser indispensable, intervenirlas para que continúen sus actividades.

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