Advierten riesgo de lavado de activos en las cooperativas

Alrededor de un millón y medio de personas tienen dinero aho­rrado por más de seis mil millo­nes de soles en las cooperativas de ahorro y crédito (CAC), donde el 98.7 % de los socios son personas naturales y el 1.3 % personas jurídicas, según cifras oficiales de este año, pero este floreciente nego­cio viene creciendo sin el control que se requiere para evitar que sea usado por organizaciones delictivas.

Los depósitos en las CAC representan el 23 % del sistema financiero no bancario, mayor que el de las financieras (21 %) y el de las cajas rurales (6 %).

Pero las cifras son mayores, alarmantes y peligrosas, debido a la proliferación de cooperativas creadas sin control en los últimos años y que funcionan sin que na­die supervise ni fiscalice, incluso, ajenas a la Superintendencia de Banca y Seguros

toda su vida. Y es que, según las denuncias de muchos pensionistas, de la manera más cínica, el Estado simplemente desconoce los aportes de los trabajadores y los dejan sin jubilación, sin pensión y en el más completo abandono.

Niegan el pago de pensiones por­que la ONP desconoce los llamados bonos de reconocimiento, sencilla­mente porque no cuenta con docu­mentos o archivos con los aportes que hicieron los trabajadores duran­te su vida laboral. Ni siquiera tienen contabilizado el dinero ingresado, ni quiénes y cuántos son los trabajado­res aportantes.

Los ingresos son cuantiosos, pero la ONP está prácticamente en la ban­carrota. No tiene o no quiere pagar pensiones a miles de personas que viven el ocaso de su vida, maltrata­dos por el Estado, pero desembolsa más de 70 millones de soles para costear puntualmente a los estu­dios de abogados contratados con el único objeto de obstaculizar y pro­longar los más de cien mil procesos judiciales que sostiene con personas de la tercera edad, es decir, el sector más vulnerable del país.

Pero eso no es todo, el daño que causa la ONP a los jubilados sin pen­sión, por su incapacidad e ineptitud, es aún más grave, porque los afecta­dos también han perdido hace mu­chos años la seguridad social y no pueden atenderse en los hospitales de EsSalud. Es decir, ha provocado una ruptura de las prestaciones de salud y ha puesto en peligro las vidas

de los pensionistas.

Y como si fuera poco, estas per­sonas tienen que soportar mucho más daño todavía, debido a que tampoco son comprendidas en las listas para las devoluciones del Fo­navi. Entonces, por culpa de la ONP, también van a perder sus aportacio­nes que hicieron obligados por ley a dicho fondo.

Además, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) también se suman a los abusos y se niegan a devolver el dinero que tienen los ju­bilados aportados por años, igual­mente, obligados por ley. Ponen como pretexto que, como hay un juicio con la ONP, no puedes retirar su dinero, y simplemente se que­dan con él.

Aparte de toda esta maraña monta­da para dejar sin pensión y convertir en un paria a los jubilados, el Estado promociona la llamada Pensión 65, la paga puntualmente, pero desco­noce y se apodera de las pensiones de miles de jubilados que se lo han ganado a costa de trabajar toda su vida y los obliga a seguir haciéndolo hasta morir, para sobrevivir, si es que todavía pueden hacerlo y si alguna empresa los acepta y contrata, ya sin ningún derecho.

Desde que asumió la Presidencia de la República Ollanta Humala y puso a Diego Alejandro Arrieta Elguera al frente de la ONP, en 2011, la situa­ción de abandono y despojo de pen­siones a los jubilados se ha converti­do en una política de Estado.

Pero si piensan que aquí termina la terrible tortura contra los jubilados

sin pensión, se equivocan. El pade­cimiento continúa en el Poder Judi­cial. Allí tienen que enfrentar otro drama debido a la lentitud, indo­lencia e indiferencia de los jueces. Se pasan los años sin resolver los casos. El avance judicial se parece al tránsito vehicular en hora punta en Lima. Enredado y detenido.

Todos estos conceptos y denuncias fueron vertidos por el periodista Víctor Castañeda Gonzales, quien trabajó en EXPRESO por más de 25 años, entre 1969 y 1995, y durante ese admitidas por las entidades estatales.

LOS PELIGROS

Las CAC no supervisadas podrían ser mal utilizadas para prácticas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sin que nadie pueda percibirlo. Pero con la aprobación del proyecto de ley se podría prevenir esas prácticas. Estas CAC fuera de control, que son miles, no reportan a la Central de Riesgos de la SBS. Tam­poco existe uniformidad de criterio respecto a la tasa máxima de crédito que pueden cobrar.

Según el dictamen del proyecto de ley en el Congreso, la SBS debe su­pervisar las CAC, función que puede realizar directamente o a través de la Fenacrep u otros organismos coope­rativos de grado superior.

La problemática actual se puede re­sumir en que, actualmente, las CAC que captan ahorros únicamente de sus asociados son reguladas por la SBS, pero supervisadas por la Fena­

crep. Los asociados son el público en general que, por un pago diminuto, adquieren dicha calidad, situación que le permite salir del ámbito de supervisión de la Ley de Bancos, ge­nerando una distorsión de la realidad.

SIN CONTROL

La Fenacrep ejerce la labor de pro­moción de la actividad cooperativa y supervisión, pero se encuentra muy limitada por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y el Poder Judicial.

Actualmente, la Fenacrep no cuenta con la facultad de sancionar por las infracciones en las que incurran las CAC ni aplicar medidas correctivas. Tampoco puede cobrar contribucio­nes por la supervisión que realiza. Además, la afiliación a este gremio es voluntaria, por lo que en la prácti­ca es fácil eludir su control y no per­mite que el propio gremio conozca cuántas y cuáles CAC existen en el país.

Por ello, la propuesta de solución de acuerdo con el proyecto de ley

planteado es que la supervisión de las CAC será ejercida directamente por la SBS (conforme lo señala una sentencia del TC), pues los depósitos de los socios de las CAC están sujetos a los mismos riesgos que los depósitos recibidos por otras instituciones de mi­crofinanzas supervisadas por la SBS.

La Fenacrep se convertiría en colabora­dor de supervisión de la SBS (junto con otros organismos cooperativos de gra­do superior), desarrollando una función más acorde con su naturaleza gremial.

La supervisión a cargo de la SBS evi­tará que existan cooperativas “fantas­ma”, señala la Superintendencia. Se creará un Registro Nacional de CAC a cargo de la SBS y se dispondrá que la actividad de captación de ahorros de socios sea exclusiva y excluyente de las CAC, precisa.

Plantea también crear en forma obligatoria, un Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo exclu­sivo para las CAC, para proteger a los socios depositantes, si­milar al existente en el sistema financiero.

 

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