Abogado Martín Ojeda: “Los violentistas sienten que no van a ser castigados”

Lima está sitiada por protestas contra ley agraria en Panamericana Norte y Sur, dice Martín Ojeda, dirigente de transportistas formales.

El abogado Martín Ojeda es gerente general del gremio de 600 empresas formales de transporte a nivel nacional y que nuclea a 80 mil trabajadores unidos en la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú y la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales (Cotrap – Apoip). En esta entrevista habla claro.

¿Cuál es el balance del gremio de transportistas respecto a estas jornadas de violencia al norte y sur de la vía Panamericana?

Las vacilaciones y pésima gestión del Ejecutivo y Legislativo tienen efectos directos en la economía de nuestro sector y de la vida del país. El bloqueo de vías ha perjudicado la correcta movilización de 1,500 vehículos de Transporte interprovincial que trasladaban 75 mil personas. ¿Quién paga el daño a las empresas de transporte formales obligadas a paralizar ante vías cerradas y quién reconoce el tiempo perdido de miles de peruanos que buscaban hacer negocios o simplemente viajaban por cualquier motivo urgente y ven que sus planes se van literalmente al diablo por turbas de violentistas?

¿A qué se refiere usted cuando dice que la ciudad de Lima está sitiada?

Lima está sitiada por razones políticas y geográficas, en las entradas y salidas viales en el norte, centro y sur. En un solo día hemos tenido la penosa noticia de tres personas muertas por la nieve en Ticlio que bloqueó la Carretera Central y que no pudieron ser trasladadas. Esto por la invasión de transportistas ilegales de la vía de emergencia, al mismo tiempo, en la costa norte y sur. Además, la violencia con la que actúan quienes protestan contra la ley agraria en La Libertad e Ica atenta contra los derechos y libertades constitucionales de libre tránsito de miles de peruanos, frenando negocios y oportunidades que son tan necesarias en este momento.

Ocasionando pérdidas…

Obvio. Sólo por los bloqueos que sufre el transporte interprovincial formal se pierde 30 millones de soles diarios (20 millones en traslados de personas y 10 millones en encomiendas que demoran en llegar a su destino). ¿Siente que su sector ha sido dejado de lado por las autoridades? Nada es casual, hace pocas semanas, un pequeño grupo de congresistas buscó avalar la ilegalidad de los autos colectivos, usurpando vías nacionales, sin ningún tipo de garantías ni responsabilidades empresariales como si las tenemos nosotros que nos responsabilizamos por nuestro público. En el Parlamento también se cocinó este problema de la nueva ley agraria que ha bloqueado vías nacionales y que tanto daño hace a nuestra golpeada economía. El Ejecutivo no actúa en defensa del Estado de Derecho, reacciona lentamente ante la extorsión que los violentistas realizan contra todos los peruanos. ¿Dónde están los fiscales que no acusan a quienes cometen delitos bloqueando vías?

E impunemente se queman ambulancias.

Hay impunidad total, hay buses formales con gente adentro que son retenidos ilegalmente en Virú y los obligan
a bloquear la vía, porque estos violentistas sienten que no van a ser castigados. Esa es una responsabilidad del gobierno. En el pasado reciente han quemado patrulleros, vehículos de transporte, destruido infraestructura pública y privada y ahora queman una ambulancia, patético, gravísimo, imperdonable en un país que ha demostrado que no tiene una adecuada infraestructura de salud.

En plena pandemia…

Con la amenaza de la segunda ola de la covid-19 y de la mutación inglesa, luchando para comprar vacunas que no tenemos. Los transportistas formales hemos invertido mucho dinero en medidas de seguridad y protocolos internos, avalados por el Ministerio de Salud, para garantizar la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestros esfuerzos quedan de lado ante violentistas incendiarios que queman llantas e incendian basura, contaminando las vías, agrupados sin ningún protocolo. Es lamentable tener que trabajar con esta sensación de inseguridad jurídica.

HAY QUE PROTEGER LA SALUD DEL PUEBLO

En conclusión, ¿qué plantean los transportistas formales?

Las empresas de transporte formal invocan a las autoridades de todos los poderes del Estado a que defiendan el derecho constitucional al libre tránsito, así como evitar la propagación, con seguridad y distanciamiento, de la covid-19. El transporte formal invoca proteger la salud del pueblo que se moviliza para trabajar y sobrevivir ante la pandemia, concluyó Ojeda.

Para más información, adquiere nuestra versión impresa o suscríbete a la versión digital, aquí.

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.