Ada Gallegos: “Existe un exceso de legislación sobre las universidades”

El Congreso de la República aprobó, el pasado viernes 19 de julio, la ley que implementa el carácter permanente del licenciamiento a las universidades, y el 100% de virtualidad en la enseñanza universitaria. ¿Cuál es su opinión al respecto?

La ley aprobada recientemente tiene dos partes. En cuanto a la primera parte, respecto a licenciamiento por única vez, debo decir que si bien en todos los países del mundo se obtiene la licencia de funcionamiento por única vez, o simplemente esta no existe, también es necesario señalar que en tales casos se establecen procesos de continuidad en el sistema que permiten la evaluación permanente y la rendición de cuentas a la sociedad. Además, la acreditación es el mecanismo por el cual se establece que una universidad es de calidad o no. Lamentablemente, en el 2014, por intereses ajenos a la universidad, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineacefue desactivado y convertido en una oficina apéndice del Minedu. Este nefasto precedente fue materializado por la Ley Universitaria 30220 con el propósito de que el licenciamiento de Sunedu se convierta en un instrumento de control político, de acuerdo a los grupos de poder predominantes en la coyuntura nacional.

Respecto a la segunda parte, sobre la aprobación de la educación virtual al 100% en las carreras de pregrado, esto dará lugar a un crecimiento exponencial de carreras de dudosa calidad, tomando en cuenta que el problema se agravaría pues en dicho porcentaje de virtualidad están incluidas las carreras de Ciencias de la Salud, lo cual implica un exabrupto académico. Asimismo, deja abierta la interpretación respecto a la supervisión de la asistencia del personal docente, la investigación y otras responsabilidades universitarias.

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Lo que el Congreso de República y el Poder Ejecutivo debieron hacer es asegurar un presupuesto digno para que las universidades públicas puedan atender las demandas del primer licenciamiento y garantizar su sostenibilidad, porque muchas universidades a la fecha aún no culminan con las observaciones del primer licenciamiento otorgado por Sunedu. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, licenciada por la anterior Sunedu, aún funciona en el mismo local del colegio con el que se licenció hace seis años.

¿Qué otros fundamentos cuestionarían esta ley, que bien podría llamarse ley del 100 % de la virtualidad y del licenciamiento permanente?

Fundamentos como los siguientes: Primero, el sistema de aseguramiento de la calidad está orientado a la mejora continua del mismo, y el licenciamiento por única vez tendría sentido si estuviera asegurada la continuidad de los mecanismos de mejora continua. Tengamos en cuenta el marco de un sistema universitario segmentado. El primer inconveniente de esta ley es que está desprovista de estos mecanismos de mejora continua, no asegura el correspondiente paso a la acreditación de los programas académicos, como en su momento se tenía con las carreras de medicina y derecho. Con la Ley 31520, que restablece la autonomía universitaria, también se restableció el sistema de acreditación, el Sineace, sin embargo, a la fecha, existe una limitada articulación entre Sunedu y Sineace que debilita la mejora continua de las universidades tras el licenciamiento y la acreditación universitaria, aumentado a ello el limitado presupuesto de funcionamiento de Sineace.

Segundo, con la promulgación de la ley en cuestión, se incentiva la desigualdad para el acceso a la educación superior por falta de conectividad. El sistema virtual al 100 % está pensado para un supuesto Perú uniforme y con acceso de conectividad garantizado. La realidad es que no tenemos garantías de indicadores de sistemas especializados, y que la formación profesional de los estudiantes corre un gran riesgo. Por otro lado, esta ley puede ser una puerta para promover una oferta deliberada. Esta ley puede convertirse en un mero instrumento de enriquecimiento y fortalecimiento económico para un sector ajeno a los intereses universitarios.

¿Usted considera que los temas de la referida ley debieron ser objeto de aprobación del Congreso de la República, o cree que son asuntos que corresponden a las propias universidades?

En general, existe un exceso de legislación sobre universidades. En este caso concreto, si bien el Congreso tiene la potestad constitucional de dictar leyes, cabe enfatizar que el Art. 18 de la Constitución Política del Estado consagra el principio de la autonomía universitaria, entendida esta como la atribución que tienen las universidades de dotarse de sus propias normas, elegir sus autoridades, elaborar y aprobar sus programas y planes académicos. Asimismo, legislar con una misma ley las condiciones de funcionamiento de las universidades públicas, de las universidades privadas sin fines de lucro y privadas societarias con fines de lucro, genera una distorsión de fondo por el tipo de funcionamiento y fines.

Esta ley es una muestra de poder político. Cómo es posible que el Congreso sabiendo las limitaciones económicas de Sunedu proponga la supervisión del funcionamiento de la virtualidad con mecanismos que necesariamente implican inversión económica y permanente desplazamiento nacional de funcionarios, cuando en la actualidad no se supervisa por falta de recurso, haciendo inviable la autorregulación.

Respeto a la autonomía

La potestad legislativa del Congreso de la República en materia universitaria debe ser limitada, y siempre en el marco del respeto a la  autonomía universitaria. De lo contrario, el Poder Legislativo terminará sustituyendo a las asambleas y consejos universitarios, violando de esta forma la autonomía de las universidades. Todo ello significa que la ley aprobada por el Congreso sobre la virtualidad al 100 % y la licencia permanente atenta contra la autonomía universitaria y la calidad de educación superior.

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