Alférez PNP no habría violado a suboficial
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Un giro de 180 grados viene dando la investigación en la que una suboficial de la policía denunció haber sido agredida sexualmente por parte del alférez PNP Jhoel Gonzales Sánchez. Al parecer, todo se trataría de una imputación irresponsable por parte de la supuesta víctima, debido a que las pruebas demostrarían que los hechos no se registraron como fueron denunciados.

El pasado 1 de noviembre, la suboficial aseguró junto a su familia que había sufrido una agresión sexual por parte del oficial Gonzales Sánchez, luego de haber recibido por parte de él, una orden para sustraerse del servicio policial, con la intención de ser llevada a un restaurante del mall de Bellavista, luego aseguró haber sido drogada y, tras perder el conocimiento, presa de su agresor, quien la habría violentado sexualmente.

La presunta víctima también denunció que el jefe de ambos, el mayor PNP Dilton Juan Torres Lugo, no quiso atender la grave acusación, por lo que la víctima se dirigió al Depincri Bellavista, y tras narrar los hechos, el comandante a cargo ordenó la encarcelación del mayor Torres Lugo (por el delito contra la administración pública y omisión de funciones), así como contra Gonzales Sánchez, quien en ese momento ya se encontraba de franco y su paradero era desconocido.

Luego de ello, la víctima fue llevada a pasar el examen de reconocimiento médico legal y pruebas toxicológicas, que fundamentarían sus imputaciones; sin embargo, grande habría sido la sorpresa para todos los involucrados y el propio comando policial, al conocer que según documentos a los que tuvo acceso EXPRESO, el resultado del informe pericial forense de examen toxicológico ha arrojado negativo, en lo que respecta al análisis de drogas, dosaje etílico (0.36 g/L), sarro ungeal negativo; además el certificado médico legal señala que no hay evidencias de lesiones vaginales traumáticas recientes, es decir no fue violentada sexualmente.

EN HOSTAL DE LA MANO

Además, viene circulando por las redes sociales, un video en el que se le ve a la suboficial entrar de la mano del alférez a la recepción del Hostal Imperial, ubicado en la cuadra 14 de la Av. Juan Velasco Alvarado, en el distrito de Bellavista, es decir, ambos habrían decidido ir por su propia voluntad, por lo que las acusaciones de haber sido drogada y violentada sexualmente se desbaratarían.

MAYOR PNP PERJUDICADO

De otro lado, pudimos conocer que tras haber sido liberado el último miércoles el mayor PNP Torres Lugo, el Ministerio Público ha pedido la inhabilitación de seis meses del ejercicio de la función pública y comparecencia simple, por lo que su situación es incierta dentro de la institución policial. Empero, sería necesario verificar los hechos reales, porque si no se llega a comprobar el delito, debería ser repuesto a su unidad en el más breve plazo.

DEFENSA DE LA VÍCTIMA

Con el objetivo de esclarecer los hechos, EXPRESO se comunicó con la abogada de la suboficial presuntamente agraviada, la doctora Jane Loyola López, y al preguntarle por los resultados de las pruebas que desbaratarían la agresión sexual, solo nos dijo que la información que manejábamos era errada, pero que ella, en calidad de defensa, no podía ofrecer ningún detalle de la manera como viene trabajando con la fiscalía y no está autorizada a brindar información, por el momento. Le insistimos que teníamos el certificado médico legal y el informe pericial forense de examen toxicológico cuyos resultados son negativos para agresión sexual y que no se usó drogas, y agregó que si en verdad habíamos accedido a esos documentos, preguntemos a un abogado penalista para que nos dé su punto de vista y responda nuestras interrogantes.

Por todo lo expuesto, sería necesario que el Comando Institucional y el Ministerio Público vean con atención este delicado tema y así como todos apoyamos a las mujeres cuando realmente son violentadas y agredidas, también se corrija los excesos cuando las imputaciones no son verdaderas.

MINISTERIO PÚBLICO DEBE INVESTIGAR

Todo haría suponer que la presunta víctima y su agresor habrían mantenido coordinaciones previas y no sería cierto que el alférez ordenó sustraerse del servicio a la suboficial, porque las órdenes malas no se cumplen, nos señala una fuente policial. Sería una decisión que ambos habrían tomado de mutuo acuerdo y por lo que deberían ser sancionados administrativamente. El Ministerio Público debería solicitar la comunicación realizada, entre ambos, antes de los hechos denunciados.

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