Aparecen los niños bomba
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Nadie imaginó el nivel de salvajismo al que llegaría Abimal Guzmán Reynoso (a) «presidente Gonzalo» y sus huestes genocidas de Sendero Luminoso. Tras la oleada de crímenes iniciada en 1980  en Chusqui, el 13 de setiembre de 1985 utilizó, por primera vez, a un niño como instrumento de sus demenciales objetivos.

Eran las once de la mañana de aquella fecha en Huamanga, Ayacucho,  cuando un pequeño de aproximadamente trece años bajó apurado de un  destartalado automóvil negro, en el que, según testigos, estaban dos mujeres y un hombre, y corrió hacia una casona colonial de la calle “Asamblea” donde se hospedaba una delegación de agentes de la DINCOTE que hacía una semana habían llegado de Lima.

Estando a sólo cinco metros del inmueble, explotó los ocho cartuchos de dinamita que  llevaba en un costalillo, provocando que su cuerpo quede esparcido en un radio de cinco metros.

Los restos del niño no fueron reclamados. Los rumores señalaban que había sido reclutado por SL a raíz de un hecho lamentable ocurrido el 13 de noviembre de 1983, cuando un grupo de campesinos que salía de un matrimonio en Soccos, fueron ametrallados por un grupo de policías que los esperaban cerca de un puente  a la salida del poblado.

Cuando las autoridades judiciales de Huamanga efectuaron las investigaciones, quedó comprobado que los asesinatos habían sido perpetrada por diez efectivos ebrios, entre los cuales habría estado algún familiar del primer «niño  bomba» reclutado por decisión de la Dirección Central de Sendero y que causó horror en el mundo.

Las investigaciones también determinaron que los policías habían sido “reglados” desde su llegada a Ayacucho.

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ENTEL -PERÚ

El  8  de mayo de 1986,  todo se desenvolvía  con tranquilidad en Huamanga, Ayacucho. El patrullaje de rutina de efectivos del Ejército llamaba la atención de algunos turistas cuando de pronto, al promediar las 3 de la tarde, una fuerte explosión remeció a los transeúntes del jirón Piura. Acababa de “volar” un niño de aproximadamente 12 años a escasos metros de la sede de Entel – Perú, objetivo del frustrado atentado.

Los peritos de criminalística sólo pudieron recoger enteros los pies descalzos del pequeño; el resto del cuerpo estaba diseminado como carne molida y fue imposible identificarlo. Al igual que el niño anterior, lo poco que quedó de él, jamás fue reclamado.

Posteriormente, los agentes de Inteligencia del Ejército reportaron a través de una nota informativa elaborada con datos recogidos de los lustrabotas que trabajan en los alrededores de la Plaza de Armas, que el niño había sido visto unos días antes merodeando  el local de Entel – Perú.

Dada la onda expansiva que produjo la explosión y los daños que causó en los inmuebles aledaños, el niño habría cargado en su cuerpo no menos de diez cartuchos de dinamita. Los autores intelectuales del fallido atentado no calcularon el tiempo y la mecha les resultó corta, pues de no ser así hubieran derrumbado la sala de espera de dicho organismo y causado la muerte a medio centenar de personas, entre usuarios y trabajadores.

No pasaron ni tres días cuando otro «niño bomba» volvió a inmolarse obligado por las mentes criminales de Sendero Luminoso. Esta vez fue en Huanta, Ayacucho, cuando en horas de la noche, la dinamita explotó en las manos de un pequeño quien se dirigía a un grupo de policías que  conversaban en la Plaza  Gervasio Santillana. El cuerpo hecho pedazos permaneció quince días en la morgue, y como los demás, nadie lo reclamó y terminó en una fosa común.

Como estos casos, se reportaron  más de una decena. Se llegó a la conclusión que en el 99 % las víctimas, éstas habían sido arrancadas de sus hogares correspondientes a diversos poblados andinos como la «cuota» que deberían pagar los humildes comuneros al llamado «Ejército Guerrillero Popular».

«CUOTAS» DE SANGRE

Una vez capturado Abimael Guzmán, cuando  los estrategas de la pacificación del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), le preguntaron por qué utilizó niños como instrumento de muerte, con la sonrisa en los labios el genocida respondió que «fue una manera de afincar la institución de la «cuota», que es el tributo de sangre que debe darse al servicio del Partido y del Ejército Guerrillero Popular.

Para él, sin «cuota» no había  torrente de sangre, ni revolución, ni comunismo.

«Los comienzos fueron modestos, casi sin armas, del débil fuego inicial devino el «gran incendio» y esa fue la contribución de nuestros niños. Nos sujetamos a la ley de incorporación de las masas «vía lo hondo y profundo», educándolos  en la violencia revolucionaria», afirmó Guzmán.

Y añadió a modo de burla: «ustedes combaten a su manera y nosotros a la nuestra, siguiendo el legado de Mao. Les acertamos golpes certeros con estrategias que ustedes no imaginan”.

16 d

 

PASCUA SANGRIENTA

El 24 de diciembre de 1986, los habitantes de Atumpampa de Huayllay, pequeño poblado ubicado entre Vinchos, Ayacucho y Castrovirreyna, Huacavelica,  vivieron una Pascua sangrienta cuando un centenar de terroristas dieron muerte a doce adolescentes que se resistieron a enrolarse en las filas de las huestes del genocida.

«No podemos, tenemos que ayudar a nuestros padres «, clamaban desesperados y uno a uno fueron acuchillados sin compasión.

Nadie pudo hacer nada, estaban desarmados y pese a que ofrecieron el poco dinero que tenían a cambio de que no se llevasen a sus hijos, una mujer que estaba al mando de la horda, escogió quince niños entre 10 y 13 años y los puso en fila.

Según consta en los archivos del SIE, acto seguido se produjo una discusión entre varias madres con la cabecilla terrorista que terminó   cuando sonaron varios disparos y se desplomaron una docena de campesinos. Tras el silencio, los chicos fueron llevados casi a rastras por la columna senderista entre «vivas» al “presidente Gonzalo».

MÁS SECUESTROS

El 24 de diciembre de 1987, el caserío La Rinconada asentado en las riberas del río Apurimac, entre los límites de Ayacucho y Cusco, a escasos kilómetros Pichihuillca, se tiñó de sangre. Los terroristas llegaron de madrugada, preguntando por las autoridades y miembros del Comité de Autodefensa. El primero en ser victimado fue el alcalde Rubén Nolasco, luego el gobernador Tristán Flores y finalmente veinte ronderos con sus esposas e hijos.

Todos fueron arrancados a golpes de sus casas y sometidos a un «juicio popular»  delante de los horrorizados pobladores. Luego, escogieron quince adolescentes, entre hombres y mujeres, que no pasaban los quince años y se los llevaron  en medio del llanto de sus padres.

Según testimonios que obran en el SIE, la mujer a mando de los subversivos gritó: «Silencio, estos muchachos formaran parte de los pioneros del Ejército Guerrillero Popular. Con ellos construiremos un nuevo Perú. Cuando ellos vuelvan, ustedes no los reconocerán porque se habrán convertido en soldados de la Nueva República».

Posteriormente, el 17 de noviembre de 1991, en la localidad de Sancos cercana a Puquio, quince niños fueron arrebatados de sus padres y llevados en un camión a culatazos, hecho que fue denunciado en el Cuartel «Cabitos» el cual recibió denuncias similares, presumiéndose que muchos de esos menores, sean los que hoy integren las columnas remanentes de Sendero Luminoso.

IMPACTO PSICOLÓGICO

Como consecuencia de tan execrables acontecimientos, una comisión especial del Senado del Congreso de la República, que posteriormente formularia  el informe «Violencia y Pacificación en el Perú»,  realizó conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística  (INEI), una encuesta a nivel nacional con la finalidad de establecer el estado de ánimo  de la población y conocer su percepción respecto a la respuesta  del Gobierno.

Solo el 22% respondió que el Gobierno podría erradicar la violencia. El 53 %  afirmó que las políticas aplicadas por el entonces presidente Alan García  habían fracasado y el resto prefirió callar. Sobre la estabilidad democrática, un 57 % respondió que el terrorismo había debilitado la democracia, un 27 % que el Estado y el sistema democrático habían sido debilitados y el resto prefirió no opinar.

Es decir, el 84 % consideraba que el terrorismo estaba desmoronando  al Gobierno, consecuentemente al sistema democrático. A la pregunta ¿qué sucederá con el terrorismo? el 22% de los encuestados respondió: «se mantendrá por muchos años», y un 59 % no dudó en responder con  firmeza: «aumentará».

Así pues, antes de la llegada al poder de Alberto Fujimori, la población estaba sumida en un profundo desaliento. Se había perdido la confianza en el Estado e inclusive en la posibilidad de que la  sociedad organizada, pudiera hacer retroceder al terrorismo que, por esos años, había declarado «zonas liberadas» en las alturas andinas y ceja de Selva donde no existía presencia del Estado.

En cuanto a las estrategias antisubversivas efectuadas casi siempre a ciegas por la carencia de información clasificada de inteligencia, el 67 %  de la población urbana y el 60 % de los habitantes de las zonas rurales  señalaron su desaprobación recordando los excesos cometidos en Cayara.

EL DATO

Sólo un 13 % aprobó las políticas de pacificación, un  43 % reconoció  el esfuerzo de las fuerzas del orden por acabar con el  terrorismo.