CIDH emplaza al Estado peruano en defensa de bonistas agrarios

MEF en problemas por incumplir acuerdo del TC sobre método de cálculo de deuda para expropiados por reforma agraria.


¿Cuál es la situación actual de tema de la deuda agraria en la justicia supranacional?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido dos denuncias de bonistas peruanos de aproximadamente 500 familias. En dichas denuncias se investiga al Estado peruano por la violación de diversas normas de la Convención Americana de Derechos Humanos que protegen el derecho de toda persona de recibir una compensación justa y en un plazo razonable por la expropiación de sus propiedades, situación que en el caso de los bonos de la deuda agraria no se ha cumplido.

¿La CIDH ha identificado las infracciones en que habría incurrido el Estado peruano?

Los temas materia de investigación son la resolución de ejecución del Tribunal Constitucional (TC) del 16 de julio de 2013 y los decretos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) donde desarrolla la metodología de actualización del cálculo de la deuda ordenada por el TC.

Nosotros hemos demostrado a la CIDH que en la mayoría de bonos impagos, el resultado es CERO, lo que constituye una grave infracción al derecho de propiedad.

¿A quiénes representa la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA) en su denuncia?

La relación de bonistas es una muestra de lo que fue la reforma agraria velasquista que expropió tierras a agricultores de toda condición social y económica; en ese grupo tenemos familias de la mediana y pequeña agricultura, extrabajadores de las haciendas a quienes les entregaron bonos en pago de sus beneficios sociales, tenemos también personas que eran acreedores de las haciendas, todos ellos recibieron bonos y estamos unidos en una sola causa.

¿En qué etapa se encuentran en el contencioso?

Admitida la denuncia, la CIDH notificó a las partes para precisar los puntos controvertidos. Nosotros, como parte, debemos ratificar nuestra relación de asociados; adicionalmente hemos presentado una propuesta de solución amistosa.

¿En qué consiste la propuesta?

En esencia la propuesta trata de rescatar los componentes de la metodología de actualización que el TC aprobó en el 2013 pero aplicándolos correctamente.

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Es decir, si se va a seguir con la metodología del 2013, el procedimiento consiste en convertir la deuda a dólares, aplicar el tipo de cambio de la fecha de la expropiación, actualizar el valor para protegerlo de la inflación y añadir los intereses compensatorios, es lo que ordenó el citado Tribunal en el 2013 y el MEF nunca cumplió.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Actualmente estamos preparando un informe actualizado para la CIDH que debe emitir un informe final, pero paralelamente esperamos respuesta del procedimiento de solución amistosa. Bajo dicho procedimiento, el Tribunal Constitucional debería aclarar el sentido de la metodología de actualización y ordenar el pago al MEF.

Si esto es así, solicitaremos a la CIDH supervisar el procedimiento de actualización y pago para evitar que se produzcan los incidentes del 2013.

¿A cuánto asciende el monto de la deuda agraria a los bonistas?

Hay versiones de que ascendería a 18,500 millones de dólares… Esa suma no es cierta. Ya en el arbitraje de Gramercy se demostró que fue inventada por el MEF. En el caso de la CIDH, el monto total del reclamo asciende a 140 millones de dólares.

Recientemente un tribunal arbitral ha declarado fundada la demanda del fondo Gramercy. ¿Esta sentencia tiene implicancias para los bonistas peruanos?

En efecto, un tribunal arbitral de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ha declarado fundada la demanda presentada por el Fondo Gramercy contra la República del Perú. En el laudo final, que es una sentencia, el tribunal ha reconocido que el bono de la deuda agraria es un instrumento de inversiones y que el MEF implementó un procedimiento de actualización que en realidad fue un intento arbitrario de reducir la deuda en perjuicio de los bonistas.

¿Esto qué implica?

Es una dura declaración contra los funcionarios del MEF que participaron en esta malhadada fórmula, porque los puso a ellos y al país bajo el cuestionamiento internacional que incluye el tema de la OCDE. Lo interesante es que los argumentos desarrollados por el tribunal arbitral para cuestionar la fórmula del MEF se aplican de manera automática y por extensión al caso de la CIDH gracias a la iniciativa del procurador supranacional del Estado peruano. Entonces, en ABDA PERÚ seguimos en la lucha, pero ya en la etapa final. Estamos dando pasos firmes para conseguir nuestro anhelado objetivo, contamos con respaldo de la justicia internacional.

Hoja de vida

Mario Seoane Linares es abogado especialista en el tema de la deuda agraria. Es asesor legal de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria ABDA PERÚ y comenta la situación actual de la demanda presentada por sus representados ante la CIDH.

Contra la arbitrariedad

En el laudo final, que es una sentencia, el tribunal internacional ha reconocido que el bono de la deuda agraria es un instrumento de inversiones y que el MEF implementó un procedimiento de actualización que en realidad fue un intento arbitrario de reducir la deuda en perjuicio de los bonistas.

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