Contraloría expone irregularidades en compra de radares por Corpac

Implementación del ADS-B pone en riesgo seguridad aérea.

Diario expreso - Contraloría expone irregularidades en compra de radares por Corpac

La Contraloría General de la República reveló que cuatro funcionarios de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima (Corpac S.A.) enfrentan presunta responsabilidad penal por favorecer indebidamente a un proveedor privado en el proyecto ‘Repotenciación de la Red de Radares Secundarios’ en 2018. 

Este proyecto incluyó la implementación del Sistema de Vigilancia Dependiente Automática (ADS-B) para fortalecer la vigilancia aérea en el país, pero, a más de cinco años de su adjudicación, el sistema aún no está operativo.

El objetivo del proyecto era mejorar la cobertura y asegurar la correcta operación de los radares secundarios en el espacio aéreo peruano. Sin embargo, la Contraloría encontró que Corpac favoreció a un proveedor internacional, especificando que el contratista debía ser el fabricante de los sistemas MSSR-S, lo que limitó la competencia.

Según el Informe de Servicio de Control Específico N° 016-2024-2-0257-SCE, Corpac justificó la incorporación del ADS-B alegando el cumplimiento de compromisos internacionales y requerimientos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Sin sustento técnico-operacional

No obstante, la Contraloría descubrió que no hubo un sustento técnico-operacional adecuado para la implementación del ADS-B, ni una planificación previa aprobada por la DGAC.

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El informe indica que Corpac podría haber implementado el ADS-B de manera independiente o complementaria en otra contratación, tras una planificación adecuada y obtención de autorizaciones.

Pese a esto, Corpac adjudicó el contrato al proveedor único por US$ 8,724,674.03, con un costo adicional de S/ 3’450,299.45 para la funcionalidad ADS-B.

Plan de implementación de Corpac

Hasta abril de 2024, Corpac no había desarrollado un plan de implementación para el ADS-B, ni obtenido la certificación necesaria de la DGAC, lo que impidió que los sistemas estén operativos. Esta situación incumple la Ley de Contrataciones del Estado y normas de aeronáutica civil.

La Contraloría identificó presunta responsabilidad penal en cuatro funcionarios de Corpac y recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar acciones penales contra ellos.

La falta de planificación y el favorecimiento indebido al proveedor resaltan una gestión deficiente en la implementación de tecnología crítica para la seguridad aérea en Perú.

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