¿Contratos de sujeción de SP en región Áncash?
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El 17 de agosto el gobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, ingresa a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Rebagliati de la capital y se le diagnostica Covid-19 con un pulmón comprometido en un 70%. Es decir, el paciente entra en estado grave, pero un asunto que debería ser de mera salud personal se tiñe de ingredientes políticos por la participación de actores del partido Somos Perú, como veremos luego.

Poco es lo que se sabe de Morillo en dicho nosocomio. Un pantallazo de sus ingresos al hospital señala que es paciente varón de 40 años con “insuficiencia respiratoria con alto requerimiento de oxígeno” y con un pulmón comprometido en un 70 %. Estas son algunas características que están escritas en la red interna del hospital sobre su situación sanitaria al haber entrado por emergencia con coronavirus.

En tales circunstancias, dos días después de su ingreso al Rebagliati, es decir el 19 de agosto, llega a la región de Áncash una carta, supuestamente escrita por Morillo y firmada por él, solicitando licencia por salud hasta que dure su internamiento.

La misiva de Morillo, que en efecto solicita licencia por motivos de salud “hasta obtener el alta epidemiológica”, está dirigida al consejero delegado Carlos Pajuelo Camones, con fecha 18 de agosto de 2020, y recepcionada al día siguiente.

Y es a través de Pajuelo que solicita dicho permiso al Consejo Regional de Áncash a partir del 17 de agosto y añade su pedido para que, en su ausencia, el vicepresidente regional cumpla las funciones señaladas en la normativa vigente y establecida en el artículo 23 de la ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

En el párrafo siguiente precisa que en su ausencia “la marcha del Gobierno Regional no se verá afectada”, ya que de acuerdo a la citada ley, “el Gerente General regional es responsable administrativo del Gobierno Regional” ya que para tal fin cuenta “con las facultades delegadas mediante resolución Ejecutiva Regional N° 31-2020/GRA/GR”.

Este documento es clave, según los observadores de la controvertida realidad de la región donde fue “presidente regional” el ahora reo por corrupción en el penal de Piedras Gordas, César Álvarez Aguilar.
Con aquel tenor es que solicita al consejero delegado Carlos Pajuelo Camones elevar su pedido de licencia, para su aprobación, por el Consejo Regional de Áncash.

Sin embargo, la carta despertó sospechas y no faltó quien contraste la firma de dicho documento con la del DNI de Morillo Ulloa.

Son rúbricas diferentes, dijeron las fuentes consultadas para este informe, aunque no presentaron un informe pericial que lo fundamente. A falta de pericia grafológica se aseguró que “esta carta no la pudo escribir el gobernador y menos firmarla porque estaba en UCI, por lo que otra persona la tuvo que escribir y falsificaron su firma”.

Acto seguido, el 25 de diciembre, por 12 votos a favor, el Consejo regional aprueba devolver el escrito de pedido de licencia por no estar fedateado. Tras el pedido del consejero Aldo Flores Valladares, previo debate, el Consejo Regional aprobó con el voto de 12 miembros, la devolución de documentos al hospitalizado gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa, para que sea fedateados tanto el informe médico como la constancia de hospitalización.

SOMOS PERÚ AL PODER

Entretanto, quien se ha quedado a cargo de la región es la gerente general Gina Gálvez Saldaña, una ingeniera industrial y abogada dirigente de Somos Perú, un partido político municipalista que en las últimas elecciones ganó cierta presencia con el apoyo de asesores ligados a Palacio de Gobierno.

Y ese mismo día, el 25 de agosto, las fuentes aseguran que la señora Gálvez otorgó una buena pro por 24 millones de soles y el vicegobernador no ha podido asumir sus funciones, no obstante que después de la decisión del Consejo se ha denunciado penalmente a los 12 consejeros que votaron a favor de que la región se deje a cargo de la citada gerente general.

“Yo me comuniqué con el procurador de Áncash, Richard Asmat para que me dé su opinión del caso y me dijo que Somos Perú quiere quedarse en el cargo porque aprovecharía que en esta semana, según el calendario de la OSCE, hay que otorgar otra buena pro por casi 100 millones de soles”, asegura la fuente.

Luego salió a hablar el abogado Luis Molina, que es funcionario del Gobierno Regional, además asesor de Morillo, y señaló que lo que ha hecho el Consejo Regional es delito.

Los críticos de Gina Gálvez, secretaria nacional de Somos Perú y con arraigo en Lima, dicen que ella tiene 18 denuncias penales y que la expectoraron por problemas de esa naturaleza de la Municipalidad de Barranco. Esa misma versión se encuentra en la prensa regional (Ver recuadro).

En efecto, dicha funcionaria aparece inscrita en el partido somista desde el 22 de noviembre de 2004, según el historial de afiliación del registro de partidos políticos del Jurado Nacional de Elecciones.

Es de subrayar, además, que el gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa es el segundo vicepresidente de Somos Perú, a tenor del citado registro.

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