Defensoría destaca fallo del TC que dicta estándares para ingreso de venezolanos

Sentencia exige aplicar excepciones humanitarias para personas vulnerables y con pedido de refugio.

La Defensoría del Pueblo se mostró a favor de que del Tribunal Constitucional (TC), declare fundada, en parte, la demanda de hábeas corpus interpuesta por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la exigencia de pasaportes visados a ciudadanos de Venezuela que pretendan ingresar al territorio peruano.

Defensoría consideró que la decisión del TC representa un importante avance para la protección de las personas migrantes y refugiadas más vulnerables. Sin embargo, como se ha señalado sigue preocupando la imposición de visas y la falta de criterios para la aplicación de excepciones humanitarias a la población extranjera.

Esta situación se agudizó con el cierre de fronteras por la emergencia sanitaria por el COVID-19, donde no se establecieron mecanismos para garantizar un desplazamiento seguro para grupos vulnerables y el acceso al sistema de asilo. Esta medida vulneraba derechos contra la libertad de tránsito, a solicitar refugio, a la igualdad y no discriminación de esta población.

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Dentro de los principales puntos que determina la sentencia del Tribunal Constitucional es que los Estados se encuentran facultados para determinar requisitos y condiciones para el tránsito de personas y su permanencia. Sin embargo, es necesario que no se vulneren derechos, principios y valores reconocidos dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional.

El Tribunal Constitucional indicó que es indispensable que el Estado identifique situaciones de vulnerabilidad y necesidades de protección internacional de personas que pretenden ingresar al territorio nacional para que las autoridades competentes proporcionen a esta población la oportunidad de exponer sus motivos y se evalúe y determine su especial condición.

La Defensoría del Pueblo insta a las autoridades migratorias a reforzar procedimientos que garanticen que venezolanos y de otras nacionalidades que pretendan ingresar y permanecer en el territorio nacional, cuenten con mecanismos adecuados para la exposición y análisis de sus casos y de esta forma se acredite su situación de vulnerabilidad o necesidad de protección.

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