Defensoría pide al Ejecutivo observar proyecto sobre material educativo

Considera que intervención de progenitores afecta el derecho a la educación.


Ante la inminente aprobación del Proyecto de Ley N° 904-2021-CR, que condiciona la publicación de materiales educativos al consentimiento previo de madres y padres de familia, la Defensoría del Pueblo pidió al Poder Ejecutivo observar el dictamen por vulnerar principios de interés de la niñez y afectar el derecho a la educación.

«Solicitamos al presidente de la República observe la propuesta normativa recientemente aprobada y solicite su archivamiento, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 108 de la Constitución y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales suscritas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, y en estricto respeto del principio del interés superior de la niñez y adolescencia», refiere.

«Rechazamos la aprobación de la propuesta legislativa, debido a que contraviene la Constitución y no está alineada a los objetivos de la Política Nacional Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030; la Política Nacional de Igualdad de Género; el Proyecto Educativo Nacional al 2036; el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) y los nuevos Lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI)», sostienen.

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De igual manera, señala que el proyecto no se condice con los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y, además, que desconocería el rol rector del Ministerio de Educación (Minedu) para cumplir su mandato de definir la política educativa y pedagógica nacional, pero, sobre todo, lo limitaría en la definición de los contenidos educativos.

«Nuestra institución considera que el condicionamiento de la publicación de materiales educativos al consentimiento previo de progenitores, constituiría un peligroso precedente para todas las políticas públicas, pues institucionalizaría -a través de una ley- un derecho a veto por parte de personas con creencias o prejuicios, generando inestabilidad y falta de seguridad jurídica para la protección de los derechos humanos de las personas y, particularmente, de las y los estudiantes», anotan.

La Defensoría indica que la Educación Sexual Integral (ESI), acorde con el segundo objetivo prioritario de la Política Nacional de Igualdad de Género, contribuye a reducir problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva, como la tasa de embarazos en la adolescencia, y promueve la igualdad de género; permitiendo reducir o prevenir la violencia basada en el género.

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