Defensoría pide al Minam y MEF incorporar variable de riesgo climático en proyectos
En el Día Mundial del Clima y la Adaptación al Cambio Climático, la Defensoría del Pueblo recordó la urgencia de adoptar medidas para la mitigación a fin de reducir los impactos derivados de inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos naturales cuya frecuencia y magnitud viene afectando a la población.
En ese sentido, recordó que se encuentra pendiente la incorporación de la variable de riesgo climático en los proyectos de inversión con impactos significativos, tanto públicos cuanto privados y mixtos.
Desde que se estableció la Ley N.° 30754 o Ley Marco sobre Cambio Climático, mediante Decreto Supremo N.° 13-2019-Minam, han transcurrido más de tres años y el Estado peruano continúa sin cumplir con la medida que permitiría la construcción de diversas obras de suma relevancia como establecimientos de salud, vías de comunicación o instituciones educativas y contar con las adaptaciones necesarias para mitigar o adaptarse a los efectos de los fenómenos naturales, intensificados por el cambio climático.
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Así lo precisó, Lissette Vásquez, adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Poblaciones Indígenas de la Defensoría del Pueblo, quien remarcó la importancia de que tanto el Ministerio del Ambiente como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), prioricen la incorporación de esta variable a los procesos de evaluación ambiental que deben seguirse para la construcción y mejora de los distintos proyectos de inversión.
Vásquez recordó que el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático y que, de acuerdo a cifras del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), existen más de 8 millones de personas, 2 millones de viviendas, 4,000 establecimientos de salud y 14,000 instituciones educativas vulnerables a deslizamientos, huaicos e inundaciones que se pronostican para abril, mayo y junio.
La funcionaria hizo un llamado a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a impulsar la descolmatación de cauces, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, así como a intensificar las acciones de fiscalización respecto a la construcción de viviendas u otras estructuras en riberas o franjas ribereñas, además de impulsar las medidas en materia hídrica contenidas en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú.
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