Dueño de chifa que abatió a ladrón fue víctima de extorsión
Fiscalía dispone liberación de empresario, pero lo investigará por presunto delito de homicidio por un plazo de 60 días.
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El empresario Ney Chávez Santillán, quien el jueves abatió a un delincuente que irrumpió en un chifa de su propiedad con fines de robo, había sido víctima de extorsión y de varios asaltos, por lo que decidió comprar un arma de fuego para defender a su familia.
En un video enviado al propietario del chifa Li Ping, se puede observar las amenazas de un extorsionador que le obliga a pagarle un cupo de 15 mil soles a cambio de no atentar contra la vida de él y de sus familiares.
El Ministerio Público informó ayer que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa El Salvador le abrió investigación preliminar a Chávez Santillán por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio, por un plazo de 60 días.
Legítima defensa
La finalidad de la investigación será determinar la legítima defensa de Ney Chávez, quien fue liberado la noche del jueves, señalaron voceros de la Fiscalía.
De acuerdo con la disposición fiscal, el pasado 24 de mayo a las 6:50 horas el delincuente Gianfranco Espinoza Quispe ingresó al restaurante y amenazó de muerte al menor hijo y la pareja del dueño del restaurante, ubicado en Villa El Salvador.
En ese momento, Chávez Santillán apareció portando un arma de fuego y efectuó dos disparos contra el facineroso, quien murió en el lugar.
Al percatarse que ya no tenía signos vitales, el hombre de negocios verificó que el occiso tenía en la mano izquierda un tenedor y la mano derecha estaba envuelta con una bolsa blanca. También pudo observar que en la cintura traía una botella con un líquido amarillento. De inmediato llamó a la Policía.
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La Defensoría del Pueblo sostuvo que “el caso debe ser investigado considerando la legítima defensa prevista en la Constitución Política y en el Código Penal.
Asimismo, pidió a la Fiscalía “resolver con celeridad” la situación jurídica de Chávez Santillán.
Por su parte, el general PNP Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, señaló que el empresario actuó en legítima defensa tras las amenazas del asaltante.
En el mismo sentido, la abogada penalista Romy Chang afirmó que la legítima defensa es válida en la medida que exista una amenaza que sea percibida por la persona afectada como real, “como es en este caso”.
“Este ademán de mantener la mano en el bolsillo como si fuera un arma, obviamente da a entender que puede tenerla. La víctima no va a ponerse a averiguar si la tiene o no”, manifestó.
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