Funcionarios del Poder Judicial en mafia de antimineros

Beneficiaron a comunidad campesina de Huancuire en procesos legales contra el Estado y Las Bambas.

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Abancay (Apurímac) y la Policía Nacional ejecutaron la diligencia de allanamiento e incautación en ocho inmuebles vinculados a personal judicial que integraría la organización criminal ‘Los Chavelos’, investigados por los presuntos delitos de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, cohecho activo específico y crimen organizado.

La investigación involucra a funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y a los hermanos Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Sotelo, acusados de beneficiar ilícitamente a la comunidad campesina de Huancuire en procesos legales contra el Estado y la minera Las Bambas.

En Cusco se allanó una vivienda ubicada en el distrito de San Sebastián, que pertenecería a Javier Ochoa Núñez, dirigente de la comunidad campesina de Huancuire, mientras que en Abancay se allanaron ocho inmuebles pertenecientes a los hermanos Chávez Sotelo, así como a diversos secretarios, especialistas legales y asistentes judiciales.

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Según la Fiscalía, funcionarios del Poder Judicial de Abancay habrían sido captados por los Chávez Sotelo y actuaban como el brazo legal de la organización. A cambio de dinero, declaraban fundados los recursos legales presentados por ambos hermanos en su condición de abogados de la comunidad campesina de Huancuire.

Por esta razón son investigados por los presuntos delitos de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, cohecho activo específico y crimen organizado.

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