Gore Junín: exfuncionarios favorecieron con S/ 1 millón a empresas impedidas
Contraloría detecta 19 exfuncionarios y exservidores con presunta responsabilidad penal.
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La Contraloría detectó que, durante el estado de emergencia sanitaria nacional, 19 exfuncionarios y exservidores del Gobierno Regional de Junín, favorecieron a dos empresas con contratación directa para la adquisición de equipos médicos destinados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por el monto de S/ 1’209,400 en 2020.
Las empresas estaban impedidas de contratar con el Estado, porque el analista en equipamiento médico hospitalario que laboraba en el Gobierno Regional de Junín, era accionista mayoritario desde el 18 de setiembre de 2020 de una ellas y, además, participó en consorcio con otra compañía, en procedimientos de selección convocados en diciembre de 2019 por la Red de Salud del Valle del Mantaro, unidad ejecutora del referido gobierno regional.
El referido analista intervino como presidente del comité de selección, estando a cargo de la conducción de las adjudicaciones simplificadas en la etapa de elección de proveedores de equipamiento médico, emitiendo un informe respecto a la validación de las especificaciones técnicas de las cotizaciones efectuadas por ambas empresas mencionadas.
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El informe de control reveló que en plena pandemia por la COVID-19, se contrató en forma directa para la adquisición de 3 monitores de funciones vitales de 7 parámetros, 3 unidades de camas eléctricas para UCI con balanza y 18 unidades de bombas de infusión a las empresas, pero antes de que venza el plazo para la entrega de los equipos médicos, la empresa proveedora solicitó la ampliación de plazo contractual y el cambio de 2 camas eléctricas.
El pedido de ampliación permitió que la entrega de los equipos médicos sea fuera del plazo estipulado, desnaturalizando la finalidad de la contratación directa y ocasionando que la entidad no cuente, en su debida oportunidad, con la totalidad de equipos solicitados. Asimismo, se generó un perjuicio económico de S/ 15,000 por el pago irregular de un servicio que no reunía la calidad requerida.
La Contraloría evidenció que los funcionarios involucrados permitieron el cambio de las camas eléctricas y aspiradores de secreción rodable, pese a que las modificaciones no se enmarcaban en el contrato.
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