Gustavo Gorriti, el gran titiritero de la Fiscalía: historia de un ‘apparátchik’ perverso de demolición político judicial [INFORME]

Gustavo Gorriti emerge como el titiritero y negociador en la sombra del acuerdo con Odebrecht, como conclusión de las confesiones de Jaime Villanueva. El poder del director de IDL Reporteros tenía origen en la desvergonzada influencia sobre el fiscal supremo Pablo Sánchez que le permitía manejar como marionetas al equipo especial, en particular a Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez.


El periodista Gustavo Gorriti alcanzó la edad jubilar de los 76 años, revolcado por el Huracán “Jaime” (declaraciones de su “camarada” Jaime Villanueva) que viene provocando una lluvia de denuncias, para investigar la manipulación que, gracias a la influencia que posee sobre el fiscal supremo Pablo Sánchez, ex fiscal de la Nación (5/7/15-7/6/18), realizaba sobre los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, le permitió manejar a sus anchas el caso Lava Jato y demoler a ciertos partidos políticos por aportes a las campañas electorales.

El “Filósofo” de moda, confesó ante el fiscal Reynaldo Abia (30/1/24) que Gorriti es el que en realidad dirige el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, y cuyo odio se cristalizó en tres prisiones preventivas por un total de 465 días, y que además “cercó” y “acosó” al expresidente Alan García Pérez hasta su suicidio.

Resulta sumamente oportuna dos anécdotas: una que contó Milagros Leiva (27/12/23) porque Gorriti no quería ir a su programa (2019), enviándole con su productor ‘Kike’ Montenegro este mensaje: “Cuando deje trabajar a mis fiscales (léase Vela y Pérez), hablamos”; y, la segunda, una confesión en vivo: “De haber sabido que Alan se quitaría la vida, hubiera pedido tregua” (entrevista con Rosa María Palacios – radio Santa Rosa 2/7/19).

Moledora de carne

Paralelamente a la investigación de Lava Jato, la cuatrínca Gorriti-Sánchez-Vela-Pérez se abocó a investigar con fiereza a los partidos políticos, acompañados del primer impulso mediático de Rosa María Palacios y Jacqueline Fowks, que marcaban el paso de las waripoleras en El Comercio, La República, RPP, Canal N , etc., una campaña demoledora contra Keiko Fujimori, Alan García y el Apra, Luis Castañeda de Solidaridad Nacional, Lourdes Flores del PPC, PPK, hasta cerrar con Vladimir Cerrón de Perú Libre.

Esto, sin tocar, ni con el pétalo de una rosa a los partidos “caviares”, llámese Fuerza Social (“Las chalinas verdes”), Partido Morado, JPP, etc., a los que se sumó entusiasta, APP de César Acuña, al cual no se le investigan sus cuentas electorales y, por si fuera poco, se le archivó en investigación preliminar su participación en Chavimochic y a su hermano en Olmos. Cosas del Orinoco.

Un somero balance del caso Lava Jato y, en particular, del Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht o Acuerdo de Colaboración Judicial (ACJ), revela que la manipulación fue más allá de la inquina ideológica, porque al embarcar a los fiscales sometidos en una suerte de “guerra santa” contra los partidos políticos por las donaciones a las campañas electorales, al mismo tiempo defendía y promovía sotto voce el acuerdo entreguista con Odebrecht.

Acuerdo de farsa

Pruebas al canto. El ACJ fue negociado por José Domingo Pérez en Lima (8/12/18), siendo ratificado en el Consulado del Perú en Sao Paulo (15/2/19) –con el apoyo del Titiritero– y fue finalmente homologado por la jueza María Álvarez Camacho (19/6/19).

Odebrecht se limitó a reconocer corrupción en la Interoceánica del Sur y en el Tren Eléctrico, las mismas obras que había consignado, tres años antes, en su acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU (21/12/2016), y adjuntaron como yapa, dos vías regionales menores de US$ 100 millones cada una: Costa Verde (Callao) y Vía Expresa (Cusco).

No incluyeron obras de fuste que a esa fecha del acuerdo (8/12/18) ya habían sido alcanzadas por el halo de la corrupción, con el caso Rutas de Lima (US$ 499 millones) implicada con depósitos del Banco de Andorra (El País 9/11/17).

Curiosamente este caso alcanza a dos miembros de IDL, la fundadora Susana Villarán y el exgerente municipal Gabriel Prado; Proyecto Olmos (US$ 407 millones) y la Interoceánica del Norte (US$ 510 millones), mencionadas por Odebrecht en la vacancia de PPK (11/12/17), el Gasoducto Andino del Sur (US$ 7.328 millones), la obra más cara, por la que Odebrecht, Enagas y G&M nos han enjuiciado ante el CIADI por US$ 2,000 millones.

En cambio, con el ACJ nos entregaron como los espejitos a Felipillo en la Conquista (sin alusiones personales), los codimomes de saneamiento de Chimbote, agua en Iquitos, laguna de oxidación sur de San Bartolo, carretera Tingo María, etc.

Sacha fiscal defiende su obra

Qué mayores pruebas para sospechar de un negociado en el Lava Jato peruano: primero, que en ocho largos años aún no existe ninguna sentencia (en Brasil tardaron cuatro); segundo, a diferencia de Brasil, ningún empresario de la construcción está preso.

Coincidentemente, ante la expectativa de la prensa de conocer los detalles del ACJ (8/12/18), Gorriti se presentó en el primer día del año siguiente (Canal N 1/1/19) a jugarse el todo por el todo, como si se tratara de un ejecutivo de la empresa brasileña: primera mentira, “no queda ni uno de la familia Odebrecht en la dirección de la corporación”; segundo sofisma ”gracias al acuerdo tenemos compañías mucho más honestas, rehabilitadas”.

Y siguió en otros medios: “eran buenos ingenieros, hacían cosas importantes, eran audaces, eran emprendedores” (RPP). Lo cierto es que el mandamás de la empresa es Emilio Odebrecht y ahora comparte el trono con su nieto Mauricio, presidente de Novonor, el nuevo nombre de Odebrecht (Veja 21/12/21).

A finales de 2022, Gorriti muy suelto de huesos, defendió con las uñas la última adenda del ACJ (15/12/22), en la que Fiscalía y Procuraduría retrocedieron en la indemnización solicitada como embargo al 25% de Odebrecht en Rutas de Lima, estableciendo un plazo de 60 días para empezar a negociar y un plazo indefinido para pagar, a cambio de las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en el juicio a Humala (9 y 15/1/23), cosa que no sucedió. Otra burla.

El día de ayer, el periodista Aldo Mariátegui recordó el ataque felón de Gorriti a los exministros Manuel Romero Caro y Fernando Rospigliosi, así como a Rafael Hidalgo, del portal Gato Encerrado, que habían criticado la exigua reparación civil de S/ 610 millones consignada en el ACJ, señalando que no podían hablar porque habían tenido tratos con Odebrecht en el pasado (IDL-R 19/2/19) “Cómo Gorriti había tenido a la vez esos tres documentos… ¡Era evidente que alguien (¿Odebrecht o los fiscales?) se los habían facilitado…” (Perú21 13/2/24).

Retraso millonario de la corroboración

A las finales, resultó decisivo el plazo de cuatro meses que se tomaron los medios que forman parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) –léase IDL-R y Convoca–, para corroborar los codinomes relacionados con el Gasoducto Sur Peruano, porque esta demora, nos ha colocado en desventaja en el arbitraje que enfrenta ante el CIADI, en el que Odebrecht reclama US$ 1,200 millones, Enagas US$ 530 millones y Graña y Montero US$ 250 millones, juicio que se resolverá durante el primer trimestre del 2024.

Según el periodista ecuatoriano Andersson Boscán, del portal La Posta, que recibió 33 mil archivos electrónicos sobre codinomes de Odebrecht de pagos en Ecuador y otros países, a finales de 2018, los entregó al ICIJ, “que se tomaron cuatro meses para corroborarlos” (El Comercio 28/6/19). Cierto, Convoca publicó los codinomes el 25/6/19 e IDL Reporteros el 26/6/19, una semana después de que el ACJ (19/6/19) estaba sellado y sacramentado. Curioso.

Un año después, con el juicio del CIADI encima, Gorriti con toda soltura le explicó al “inquisitivo” Jaime Chincha: No te preocupes, “van por cuerdas separadas” (RPP 10/2/20). Es decir, no habría porque preocuparse por el riesgo de pagar US$ 1,980 millones al cash si estamos recibiendo la suma de US$ 160 millones en 16 años por el ACJ. Gran negocio.

El “loco” que buscaban

Es lo que ha venido sucediendo con el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, que habiendo obtenido la mitad de los votos en las tres últimas elecciones (2011, 2016, 2021), viene siendo objeto de una acusación prefabricada en dos etapas: primero, por los nacionalistas de Nadine Heredia (13/10/15) y luego, los asesores de media training de PPK (4/9/17) que eran Gorriti y RMP.

Saltando los tiempos, en la segunda etapa, apareció fulgurante el fiscal José Domingo Pérez (4/9/17) –reemplazando a la fiscal María del Pilar Peralta– designado por Jaime Villanueva, quien lo entrevistó y lo reclutó durante la gestión como fiscal de la Nación de Pablo Sánchez (5/7/15 – 7/6/18), porque era el “loco” que buscaba. Sus locuras lo llevaron a allanar el local de Fuerza Popular (11/12/17) sin consultar con Sánchez, quien se enojó por la toma, quedando desestabilizado.

Ante este hecho, Pérez pidió al “Filósofo” que lo lleve a la casa de Gorriti, quien le recomendó, para pasar el temporal, como estrategia “que se victimizara lo más posible”, contando con el gran rebote que Villanueva y Gorriti tenían a disposición (Rosa María Palacios y Jacqueline Fowks).

Sumamente enajenado, demostrando artes histriónicas, salió a denunciar un robo en su domicilio y más adelante, varias amenazas de muerte, lo que era falso.

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