Jorge Angulo, comandante general PNP, ignora quejas en proceso de ascensos

Vive otra realidad. No se sabe si es una ironía o se trata de una burla a su propio personal, pero el pasado miércoles 20 de diciembre el actual comandante general de la PNP, Jorge Angulo Tejada, dijo públicamente ante los medios de comunicación que el proceso de ascenso del personal de la PNP en todos los grados se desarrolló con transparencia y legalidad.

“No queremos oficiales por disposición de la presidenta Dina Boluarte”, dijo; olvidando o desconociendo que existen serios cuestionamientos, denuncias y procesos de amparo contra el proceso de ascenso de comandantes a coroneles de la PNP.

EXPRESO hizo público el último 8 de diciembre que se estaba buscando ascender a comandantes de la PNP de manera ilegal, y todo indica que no han enmendado el error.

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Precisamente, el teniente general (r) y también abogado, Edgardo Garrido López, nos dice que, al parecer, el comandante general no se enteró que mediante R M N.° 1461-2023-IN, se les otorgo el grado de Coronel a 80 comandantes de Policía Nacional del Perú, en cuestionables y dudosas circunstancias, violando el Art. 45°, del DL N.° 1149 Ley de la Carrera y Situación del Personal de la PNP y la Directiva N° 05-2023-CG-PNP/DIRREHUM-B, (Numeral 6.9.1.1.1.15), que establece los Lineamientos para la Ejecución del Proceso de Ascenso por Concurso de Oficiales de Armas y de Servicios de la PNP. Año 2023 – Promoción 2024; al otorgar el grado de coronel a comandantes que no cuentan con los cinco años de servicios en provincias, nos dice Garrido y agrega:

“En ambas normativas se señala el tiempo mínimo de servicios prestados ‘real y efectivo’ en regiones fuera de Lima y Callao, que deben cumplir los oficiales PNP para su ascenso inmediato superior.

Sin embargo, en un acto extraño y arbitrario, se ha obviado este requisito mínimo en algunos oficiales (dos de ellos trabajan con la mandataria Dina Boluarte) que, de prosperar, ocasionaría el perjuicio de varios oficiales que sí cumplen con el tiempo mínimo exigido para su ascenso de carrera como oficiales de armas.

Garrido precisa que ante este acto arbitrario e ilegal los oficiales perjudicados han acudido al Poder Judicial (presentando acciones de amparo y medidas cautelares ), al Congreso de la República y, solicitado oportunamente al comandante general de la PNP, la nulidad de oficio de las actas formuladas por las juntas revisoras y seleccionadoras, asimismo, de acuerdo a la Ley de Transparencia, solicitaron la publicación de las actas de la contrastación de los Factores de Evaluación (desempeño técnico, formación académica, experiencia para el servicio policial y el factor moral y disciplina), existentes en el sistema RIPER, contra su legajo físico, situación que hasta la fecha no ha sido atendida ni absuelta, limitando así el derecho a la contradicción y a la defensa de los oficiales perjudicados.

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