Juan José Santiváñez: «La Policía necesita una reforma urgente»

Experto en derecho policial y militar, con participación en las reformas de instituciones policiales y castrenses en Honduras y Colombia, sostiene que en el Perú debe aplicarse el Plan Mariano Santos 30, que plantea cambios en el sistema educativo y disciplinario, así como el mejoramiento del sistema de salud y pensiones.

Diario expreso - Juan José Santiváñez: «La Policía necesita una reforma urgente»

Durante el gobierno del presidente Francisco Sagasti se produjo un plan de reforma policial denominado Mariano Santos 30, que pretendía regular algunas reformas necesarias para el mejoramiento de la institución policial con cambios en el sistema educativo y disciplinario, así como el mejoramiento del sistema de salud y pensiones.

Pese a que dichas propuestas fueron consecuencia de un análisis exhaustivo que contó con la participación de los más importantes especialistas, a la fecha no se advierte ninguna mejora, y esto porque el plan pareciera haber quedado en el olvido pese a las importantes propuestas que contenía.

Juan José Santiváñez, experto en derecho policial y militar 

Es por ello que conversamos al respecto con el experto en derecho policial y militar Juan José Santiváñez Antúnez, quien no solo fue uno de los expertos consultados para la estructuración del plan de reforma policial, sino que además ha contribuido con diversas opiniones legales en las reformas de instituciones policiales y castrenses en Honduras y Colombia.

¿Qué le falta a la Policía peruana para combatir la delincuencia con éxito?

En principio, lo que quiero rescatar de nuestra Policía y de los funcionarios que la conforman es la mística, la valentía y el heroísmo que existe en cada una de sus intervenciones y que procuran mantener el orden interno y la seguridad jurídica. A pesar de las limitaciones que el personal policial tiene, combate día a día la delincuencia, buscando la paz social. Y respondiendo a tu pregunta, lo que principalmente le falta a la Policía es apoyo en la defensa legal de sus intervenciones, apoyo en la logística que necesitan para combatir la delincuencia, apoyo para enfrentar las denuncias infundadas tanto por los abogados de las organizaciones criminales como contra los representantes del Ministerio Público (MP) que muchas veces ven al policía como victimario y no como un actor necesario del sistema; apoyo en el sistema de salud y de vivienda; fortalecimiento del régimen educativo; reconocimiento de sus acciones y de su participación en ejercicio del rol de garante que la ley le concede.

Nuestra Policía está conformada por verdaderos héroes, lo que hace falta es que todos nos sumemos a apoyarla en la lucha contra la criminalidad.

¿Es necesaria una reforma en el sistema de régimen de personal?

Sí considero necesaria una reforma en el sistema del régimen de personal y en la propia ley de la Policía Nacional del Perú (PNP), esencialmente para fortalecer sus funciones en la lucha contra la delincuencia y no busquemos excusas para retirarle facultades que finalmente constituyen un truncamiento en la persecución del delito y en la lucha contra la criminalidad organizada.

Sólo por mencionarlo, hace poco se cuestionó el dictado de un decreto legislativo que otorgaba facultades a los efectivos de la PNP para identificar los delitos de las personas intervenidas por la autoridad policial, así como establecer su categoría de participación, alegando, muchas personas, que esta constituía una facultad exclusiva del MP y que dañaría los avances del sistema. Absolutamente falso. Lo cierto es que la Policía cuando investiga siempre tiene que imputar y además tiene que calificar la participación de cada persona, puesto que de otra manera no podría llevar a cabo su investigación. El hecho de tener un título fiscal no te garantiza ni habilita que hagas un trabajo adecuado. El funcionario policial cuenta con mayor experiencia para calificar estos delitos e identificar la categoría de participación de las personas, potestad que tampoco ha sido reducida o desestimada al MP, ya que finalmente si el fiscal no está de acuerdo con el aporte policial puede recalificarlo.

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Estas cuestiones necesitan ser reconocidas en un sistema de reforma y garantizar incluso que el trabajo de los efectivos policiales se hará de acuerdo a la especialización que cada uno de ellos desarrolla en su etapa formativa, de tal manera que la sociedad se vea privilegiada con una Policía técnica y especializada en el cumplimiento de los roles que la ley le asigna al funcionario policial.

Es importante finalmente la mejora del régimen de personal y el régimen disciplinario para restituir los derechos, obligaciones, beneficios y prerrogativas a todo el personal policial, ya que muchos han visto desplazadas sus expectativas por normas dictadas por los antiguos comandos policiales en beneficio de unos pocos, y la falta de reconocimiento al trabajo de mucho. El ascenso por causal de acción distinguida debe restituirse porque ello constituye, por ejemplo, un valioso reconocimiento para aquel que arriesga su vida en beneficio de la sociedad.

¿Cómo garantizar la defensa de las intervenciones?

La única forma de garantizar una defensa en las intervenciones es ejecutando las modificaciones normativas que se han dado en los últimos decretos legislativos donde se garantiza que el personal policial que sea denunciado o demandado en el ejercicio de su función contará con una defensa legal idónea para defender no solo sus intervenciones, sino sus propios derechos cuando son denunciados.

Tenemos que exigir que esto se cumpla y que la PNP cuente con suficientes profesionales para garantizar la defensa de los derechos, prerrogativas y potestades del personal policial, porque solo así podremos apoyar el adecuado funcionamiento, en beneficio de la sociedad. Lógicamente también implica ser sumamente rigurosos cuando se advierta que el policía delinque, porque en la PNP no puede haber espacio para quienes traicionan la mística y los valores institucionales.

¿Qué mecanismos se deben utilizar para combatir la delincuencia?

La Policía peruana es una de las mejores del continente, ha logrado importantes capturas y desarticulaciones de organizaciones criminales; sin embargo, nos hemos quedado anclados en los triunfos pasados y no hemos generado un recambio y una reingeniería del factor humano sumado a la obtención de herramientas tecnológicas que nos pongan a la vanguardia y poder contrarrestar los equipamientos cibernéticos y virtuales con los que cuentan las organizaciones criminales. La Inteligencia Criminal debe ser potenciada a su máximo nivel para poder lograr frenar la delincuencia y el crimen organizado.

Usted ha ejercido la defensa de importantes casos mediáticos. Es más, uno de esos casos fue el caso 'Babys de Oquendo' que el exministro Carlos Basombrio usó como bandera para una publicación titulada 'Megaoperativos' pagada por el Ministerio del Interior. ¿Los policías fueron absueltos?

Este fue uno de los primeros casos que anteriores gestiones presentaron como mediáticos, siendo el primer megaoperativo practicado por la gestión del ministro que usted menciona. El MP ha retirado todas las acusaciones contra los efectivos policiales que no estaban involucrados y se ha dictado el sobreseimiento de la causa. Incluso, a muchos de los efectivos policiales el Poder Judicial ha reconocido pagos de sumas indemnizatorias por la vulneración de sus derechos por parte del referido operativo fallido. Aquí, lo que se hizo fue lograr justicia por efectivos policiales que injustamente fueron imputados por pretender marketear una gestión que a todas luces demostró un operativo irregular, y ahí están las consecuencias.

Inteligencia operativa

Las organizaciones criminales se están afianzando. ¿Cómo utilizar la inteligencia operativa para estos casos?

Las acciones de inteligencia operativa deben desarrollarse a través de técnicas especiales de investigación en coordinación permanente con el MP. En  las unidades de élites de la PNP, como la Digimin y la Dirin, debe trabajar personal policial altamente capacitado y no por amiguismos o compadrazgos, para que así se fortalezca la moral y disciplina del personal policial y no se contamine con actos de corrupción o malversación de los recursos que se les asignan.

Usted ejerció la defensa del general PNP Legua Egocheaga, quien fue sindicado como uno de los oficiales que habría presumiblemente pagado para la obtención de su ascenso. ¿Ese caso contribuyó a la disciplina policial?

Ejercí la defensa del general Legua ante el requerimiento de prisión preventiva formulado por el MP. El Poder Judicial dictaminó su libertad, al sostener que los graves y fundados elementos de convicción que fueron utilizados para su detención no reunían la fortaleza suficiente para una sospecha grave sobre los hechos que le imputaban. Dicha decisión incluso no sólo fue ratificada en segunda instancia por uno de los colegiados más exigentes de la corte de justicia del Perú, sino además dichos magistrados revocaron la comparecencia restringida e impusieron una simple al advertir que los supuestos graves y fundados elementos de convicción o pruebas, no solo no eran suficientes sino además al estado de la investigación no lo podían vincular con la presunta conducta que le estaban atribuyendo. Entonces, no es Santiváñez el defensor, es el Poder Judicial quien no le encontró sospecha grave en la denuncia formulada por el Ministerio Público.

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La fuerza de la ley debe ser superior a la de los criminales

¿Debe priorizarse la proporcionalidad o la racionalidad en el uso de la fuerza?

Definitivamente, la racionalidad. Porque lo que debe exigirse es que el uso de la fuerza sea racional con respecto a la agresión que el efectivo policial está sufriendo. No podemos exigir proporcionalidad porque jamás la fuerza de la ley puede ser inferior a la fuerza delictiva. Debe ser necesariamente superior para contrarrestar la criminalidad organizada y para hacer respetar, en los casos que merezca, los bienes jurídicos de otros y los activos críticos en defensa del Estado de derecho.

Hay que advertir, claro está, que racionalidad no es impunidad y que debe sancionarse con todo el peso de la ley a aquellos que haciendo uso excesivo de la fuerza quiebran el poder que el Estado les ha concedido y adoptan decisiones irracionales, generando lesiones y hasta la propia muerte. Los derechos humanos deben respetarse; tanto del que es intervenido como los derechos humanos del personal policial.

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