Jueces sin rostro son garantía para enfrentar el crimen y terrorismo urbano
Perú y varios países protegieron así a sus magistrados y fiscales.
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Sendero Luminoso y el MRTA protagonizaron en la década de los 90 los más atroces crímenes que se recuerdan y mantuvieron a la ciudadanía sujeta al miedo y el terror.
La Comisión de la Verdad y la Reconstrucción, al final dio a conocer su pavoroso informe: 11 mil civiles muertos, 1,500 desaparecidos y ciudades destruidas. Era una época en que para juzgar a los terroristas capturados, los jueces y fiscales debían lucir su toga, signo de seriedad y respeto.
Además de hacer oídos sordos a las amenazas de muerte, esa vestimenta de solemnidad y justicia los llevaba a exponer sus vidas en las tumultuosas audiencias públicas.
En el gobierno de Alberto Fujimori se dispuso dar toda la seguridad personal y colectiva a los jueces y fiscales encargados de sancionar el terrorismo. Se aplicó así el mecanismo, absolutamente legal.
¿Por qué “sin rostro”?
Los jueces sin rostro forman parte de un tribunal de justicia especial, creado para procesar a los delincuentes incursos en narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Estos tribunales son utilizados en los países que no pueden garantizar la seguridad e integridad física de los miembros del aparato judicial.
Los tribunales especiales están conformados por jueces y fiscales anónimos, es decir, que no se conocen sus identidades.
Nació en Italia
Este tipo de tribunales especiales fueron creados en Italia para poner fin a las mafias del narcotráfico y el crimen. Fueron tan sonados los crímenes de las mafias, sobre todo siciliana, que casos reales fueron llevados al cine.
En la década de los 90, se utilizó el sistema en Colombia para juzgar a jefes de organizaciones del narcotráfico. Casi en forma simultánea se adoptó en el Perú contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Y en Brasil fue aprobado en 2019 en Río de Janeiro, sumándose a otros seis Estados para sancionar el narcotráfico y las milicias.
¿Nuevamente en Perú?
Desde la apertura de nuestras fronteras, millares de extranjeros, en especial venezolanos, entraron a ensombrecer la paz ciudadana. Hay numerosas excepciones de gente que vinieron a trabajar por sus familias. Bienvenidos son.
El crimen organizado, donde participan también colombianos, peruanos y de otras nacionalidades, sobrepasaron todos los límites. La ciudadanía sobrevive en un clima de terror protagonizado por asesinos, extorsionadores, asaltantes, que tomaron las ciudades del país.
Los que viven al margen de la ley son liberados apenas que pisan un juzgado porque los magistrados son igualmente víctimas de amenazas del sicariato. Estas son unas de las razones por las que el congresista Juan Burgos, de la bancada Unidad y Diálogo, presentó un proyecto de ley para que vuelvan a operar los “magistrados sin rostro”.
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