La eutanasia en manos de la Justicia peruana
Foto: Blog/ Ana por la muerte digna.
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El 11° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima resolverá en los próximos días la demanda de una muerte digna presentada por Ana Estrada Ugarte, la peruana de 44 años que desde los 12 sufre de polimiositis, una enfermedad degenerativa que atrofia y debilita los músculos.

“Hoy es un gran día para mí, el más esperado”, dijo Estrada el jueves al iniciar su alegato en la audiencia judicial, un momento para el que esperó un año desde que presentó la demanda de amparo con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo.

Por videoconferencia y postrada desde la cama de su casa, Estrada solicitó al juez Jorge Luis Ramírez, titular del 11 Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la necesidad de despenalizar el homicidio culposo, penado con hasta tres años de cárcel para quien por piedad mate a un enfermo incurable que le haya pedido poner fin a sus intolerables dolores.

“No puedo mover absolutamente nada de mi cuerpo. Si algo me incomoda, necesito que lo hagan por mí. Dependo totalmente de mis padres, que son adultos mayores”, explicó Estrada, quien ahora necesita respiración asistida mediante una traqueotomía, la misma que debe retirarse para hablar con mucho esfuerzo.

“Si necesito algo, tengo que hacerle un sonido con la lengua para que la enfermera se acerque cuidadosamente a cambiar mi posición”, añadió la paciente.

La promotora de la eutanasia en el Perú detalló que desde antes de cumplir 30 años usa silla de ruedas y necesita asistencia para tareas básicas como vestirse, cocinar o ir al baño, pero pese a ello pudo estudiar Psicología y trabajar hasta que sus músculos se debilitaron tanto que la dejaron totalmente impedida.

MORIR EN LA ILEGALIDAD

Después de volver en 2016 al hospital donde en 2015 ya estuvo seis meses en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y le practicaron la traqueotomía, se planteó no prolongar su vida en condiciones indignas. “Fue ahí cuando me di cuenta que esto no era vida para mí, que yo ya lo había perdido todo. Me di cuenta ahí que en mi país está criminalizado si alguien me ayuda a poner fin a mi sufrimiento”, lamentó Estrada.

“Ya ni siquiera la enfermedad era lo que me causaba dolor, sino que es este artículo 112 del Código Penal criminaliza y hace que el Estado tenga derecho sobre mi vida y decisiones”, explicó.

La demandante reconoció que al inicio se planteó poner fin a su vida “de manera clandestina”, pero luego se lo replanteó porque no quería hacerlo en la “ilegalidad”.

A su turno, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aclaró que ella no puede materialmente acabar con su vida por sí misma y requiere de alguien para hacerlo que ahora mismo recibiría hasta tres años de cárcel. “Ella quiere vivir, pero quiere ejercer la libertad de poder decidir para cuándo el grado de su enfermedad está en condiciones tales que no son dignas de seguir viviendo”, manifestó.

“No es que se quiera suicidar el día de hoy. Es una persona de una gran alegría e insufla alegría y vitalidad a muchas personas. Ella ha perdido la libertad de poder desarrollarse en muchas dimensiones de su vida, pero el último recodo de libertad que no quiere perder es este, y el Estado no puede ser omiso a esta petición”, añadió Gutiérrez.

CONFLICTO DE PODERES

Sin embargo, tanto los procuradores públicos (abogados del Estado) de los Ministerios de Salud y de Justicia como de EsSalud, se mostraron en contra de que el juez acepte la demanda. “Nosotros consideramos que el derecho a la vida es fundamental. Mientras haya vida, hay derecho a la dignidad humana”, aseguró el abogado del Ministerio de Salud.

Los representantes del Gobierno consideraron que la legalización de la eutanasia debe darse mediante una ley dictada por el Congreso y no por una sentencia, pues consideran un conflicto de poderes del Estado que la Justicia los obligue a regular sobre una materia.

DOS POSICIONES EN EL MINJUS

“El año pasado apoyé a Ana Estrada en la lucha por una muerte digna (…) hoy, como ministro, sigo apoyando su causa”, indicó el ministro de Justicia, Eduardo Vega. “Te admiro por plantearnos un debate tan importante”, agregó. Sin embargo, el procurador de ese portafolio esgrimió una postura contraria en la audiencia del jueves. Vega dijo que el procurador es autónomo en su estrategia legal y que no puede interferir en ella.

JUECES CONSTITUCIONALES

El abogado constitucionalista Luciano López sostuvo que el pedido de Estrada “es algo que puede ser reconocido por los jueces constitucionales”, pese a que no se encuentra contemplado de manera explícita en la Carta Magna.

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